Jueves 27 Abril 2017

‘CSB está insolvente y no ejerce los controles debidos’: Informe de la Contraloría

*La Contraloría General de la República ha encontrado que la falta de coordinación de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar –CSB con la ANM, las autoridades locales y regionales y la Fuerza Pública, para ejercer labores de control, permite que se den de manera incontenible actividades mineras ilegales e informales.

*Es notoria la incapacidad de la Corporación con jurisdicción en el sur de Bolívar para ejercer control y vigilancia a los permisos ambientales que otorga.

*Según la auditoría realizada por la Contraloría, la CSB de Magangué (Bolívar) no dispone de los recursos necesarios para cancelar sus deudas a corto plazo.

Un frente incontenible de actividades mineras legales, ilegales e informales ha convertido en un problema preocupante el vertimiento de aguas residuales con presencia de cianuro, mercurio y otros contaminantes, en el sur del departamento de Bolívar.

A esto se suman situaciones como la inestabilidad de terrenos en áreas deforestadas y la tala indiscriminada de bosque para la comercialización de madera.

Así lo puso de presente una auditoría realizada por la Contraloría General de la República a la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar –CSB, que señaló igualmente que esta entidad presenta un comportamiento financiero crítico, particularmente una situación de iliquidez para cancelar sus deudas a corto y mediano plazo.

Actividades mineras y vertimiento de aguas residuales

En visita efectuada por los auditores de la Contraloría a esta zona minera, se observó que en los diferentes campos de trabajo en beneficio del material extraído de las canteras, se dan vertimientos de agua residuales con presencia de cianuro, peróxido y carbonato de calcio, sin tratamiento previo a su descarga en las diferentes redes hídricas naturales de la región.

El informe de la CGR es claro en indicar que “La magnitud del problema del manejo de las aguas residuales de las actividades mineras, en la jurisdicción del Sur de Bolívar, lo representa el hecho de que no se tiene la dimensión de los volúmenes que se generan, ante el incontenible frente de explotaciones y beneficios de mineros informales e ilegales”.

No hay dato alguno sobre los volúmenes y características de sus vertimientos residuales, anota también.

No hay control a todos los permisos ambientales

A esto se agrega que la Corporación Autónoma del Sur de Bolívar viene entregando permisos ambientales a títulos mineros formalmente registrados ante la Agencia Nacional de Minería, de los cuales no cuenta con registros del volumen de descarga y si están aplicando sistemas de tratamiento previo a su disposición.

El informe de auditoría de la Contraloría trae testimonios gráficos de situaciones como: la captación aguas arriba, el vertimiento de aguas residuales mineras (Cianuro y Mercurio) aguas abajo, la inestabilidad de terrenos en áreas deforestadas, la disposición inadecuada de residuos sólidos y la tala indiscriminada de bosque para la comercialización de madera.

A todo lo anterior, hay que sumarle lo agreste y selvático de las zonas de extracción, la poca presencia de la fuerza pública en el área, la dificultad en el acceso por la falta de vías y la incapacidad de la Corporación Autónoma del Sur de Bolívar para ejercer control y vigilancia, a todos y cada uno de los permisos otorgados.

Se evidencia también que la falta de coordinación de esta Corporación, con otras autoridades administrativas (ANM, Gobernaciones, Entes Territoriales y Fuerza Pública), para ejercer labores de control, permite que se den actividades de manera ilegal informal, con los consiguientes impactos negativos sobre los recursos naturales de esta región.

En cuanto a los efectos sobre la salud humana y animal, estudios realizados por la Universidad de Cartagena indican la presencia de sustancias en lodos y sedimentos, su incorporación en la cadena alimenticia e impacto en la salud de las poblaciones asentadas, que tienen como fuente los recursos naturales de estos ecosistemas asociados a los cuerpos de aguas que reciben los residuos de las zonas mineras.

Municipios sin Plan de Saneamiento

Según la Contraloría, de los 25 municipios de jurisdicción de la CSB, 18 no tienen aprobado su Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos lo que no permite que este instrumento se convierta en una herramienta de seguimiento y control para la Corporación y, de esta manera, garantizar que los operadores del servicio de alcantarillado realicen las obras de cobertura y tratamiento de aguas residuales urbanas en condiciones técnicas.

En visita a los sectores mineros de los municipios de Santa Rosa y Barranco de Loba, se pudo observar que las actividades de extracción minera (formal e informal), presentan vertimiento de aguas residuales a las fuentes de aguas naturales, con presencia de sustancias de interés sanitario y/o peligroso y sin tratamiento alguno.

Se apreció también impacto en los suelos, por el descapote y mala técnica de extracción, al igual que vertimiento de residuos sólidos contaminados y ordinarios, en zonas adyacentes a corrientes de aguas naturales.

La Contraloría consideró alto el impacto negativo a los recursos y el medio ambiente natural de esta región.

La mayoría de las explotaciones se dan en áreas consideradas de reserva natural de la región de la Serranía de San Lucas.

En grado de insolvencia e iliquidez financiera

Al analizar la situación financiera de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (al cierre de la vigencia 2015), la Contraloría encontró que la entidad no dispone de los recursos necesarios para cancelar sus deudas a corto plazo, presentando insolvencia e iliquidez financiera.

Por cada peso que adeuda cuenta con $0,58, para la cancelación oportuna de su deuda a corto plazo.

También se evidenció que, a 31 de diciembre de 2015, la CSB de Magangué (Bolívar) presenta en los estados contables un saldo de Cuentas por Pagar por un monto total de $2.212 millones, Obligaciones Laborales por Salarios y Prestaciones Sociales por $20.864 millones, y Pasivos Estimados por Litigios o Demandas por $307 millones.

De acuerdo a esto, la entidad tiene un pasivo total a pagar por $2.541 millones, y no cuenta con los recursos disponibles para solventar los pagos de este pasivo.

De otro lado, la Contraloría hizo notar que desde 2012 no se asignan ni perciben recursos de funcionamiento e inversión, por parte del Ministerio de Hacienda, para invertir en proyectos y programas de manejo y conservación del medio ambiente, a través del Fondo de Compensación Ambiental FCA, dado antecedentes de irregularidades observadas en vigencias anteriores.

La Contraloría General de la República no feneció la cuenta de la CSB correspondiente a la vigencia fiscal 2015.

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