Sábado 23 Septiembre 2017

46 solicitudes para restitución de tierras en Magangué, pero no hay condiciones de seguridad

Así aparece en el Sistema de Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente – SRTDAF -, a la fecha de marzo 16 de 2017.

Pero estas solicitudes aún no han iniciado proceso, es decir no han sido objeto de estudio dentro del proceso administrativo de inclusión en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente – RTDAF -, debido a que el municipio no ha sido microfocalizado ya que no cuenta con las condiciones de seguridad mínimas para iniciar las solicitudes radicadas.

La situación se plantea en el diagnostico vigente de seguridad emitido por el Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras del 27 de octubre de 2016, documento que dice “Situación de seguridad (… como factor de atención en los municipios de Magangué, Achí, Barranco de Loba y San Martin de Loba, se resalta la presencia de integrantes de las estructuras del crimen organizado Clan del Golfo)

Por esta situación la Dirección Territorial Bolívar de la Unidad de Restitución de Tierras convocó y lideró una sesión del comité operativo local el 21 de octubre de 2016, donde estuvieron presentes representantes de la Fuerza pública y el delegado de la Procuraduría Judicial para la restitución de tierras.

En esa reunión se señaló “Hasta el momento no se tiene información objetiva y certeza de este diagnóstico… pero recomienda a la Unidad antes de efectuar cualquier tipo de actividad en el terreno coordine para que las fuerzas militares de Colombia a través del desminado humanitario adelante una inspección en las áreas donde se desarrollen los trabajos

Frente a esta situación y que la actuación de la Unidad es gradual y progresiva se determinó que “por ahora no le es posible adelantar la microfocalización del municipio de Magangué, debido a que está comprobado que no se configuran los presupuestos mínimos de seguridad en la zona, que permita a esta entidad desarrollar el trabajo de campo orientado a la identificación, individualización y georreferenciación de predios, así como la intervención de las instituciones con competencia en la atención de las víctimas de desalojo y abandono forzado, sin riego para la vida tanto de los reclamantes de tierras como de los funcionarios responsables de tales actividades, así como para los miembros de la fuerza pública.”

Estas condiciones de seguridad se revisarían en un periodo no menor a cuatro meses de cada municipio de Bolívar, revisando periódicamente las reclamaciones de tierras; una vez se resuelva las condiciones de seguridad y de retorno, se procederá a analizar los otros elementos exigidos para microfocalizar como es la densidad histórica del despojo de la zona para iniciar el análisis de la solicitud, así se dio a conocer en respuesta a una solicitud de información a la Unidad de Restitución de Tierras.

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