Sábado 23 Septiembre 2017

Polémica por captura de 12 personas por presunto vínculo con ELN en el sur de Bolívar

Las capturas de unas doce personas, entre ellas cinco líderes sociales y defensores de DD. HH., se produjeron en el Sur de Bolívar y Barrancabermeja. Organizaciones sociales denuncian una “ofensiva judicial” y piden que se garanticen los derechos a la vida y a la protesta social.

La Policía Nacional informó sobre la captura de doce personas capturadas en el Sur de Bolívar y otros departamentos, en una operación conjunta, a quienes se acusa de colaborar con las redes de apoyo al terrorismo del Ejército de Liberación Nacional. Los capturados, dentro de quienes se cuenta algunos notables líderes sociales de las regiones.

Según confirmó el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, las órdenes de captura fueron emitidas por un juez de Cartagena, razón por la que los capturados se trasladarán a esa ciudad.

Una de las detenidas es la lideresa Milena Quiroz, vocera de la comisión de interlocución del Sur de Bolívar, centro y sur del Cesar e integrante del Congreso de los Pueblos, a cuya vivienda en el municipio de Arenal, Bolívar, entraron las autoridades este viernes. Será investigada por el delito de concierto para delinquir.

También fueron capturados otros defensores de derechos humanos como Isidro Alarcón, Floro Edilberto Díaz Gamboa, Manuel Francisco Zabaleta y Arisolina Rodríguez defensores humanos y líderes sociales. Esta última fue capturada en momentos en que asistía a un taller de participación sobre ley de garantías en Barrancabermeja.

Ante la captura masiva de líderes sociales, la Comisión internacional Congreso de los Pueblos pidió la liberación inmediata de los líderes capturados. “Este hecho hace evidente justamente la ausencia de garantías”, señaló Andrés Gil, líder de la Marcha Patriótica, en el momento en que afirmaba que Arisolina Rodríguez se encontraba “refugiada y protegida” por quienes asistía al taller.

Desde algunas organizaciones sociales se ha catalogado el hecho como una “ofensiva judicial” y de “falsos positivos judiciales para afectar el campesinado organizado y castigar a líderes y lideresas por pensar diferente”.

Asimismo, solicitaron que se garanticen el derecho a la vida y al ejercicio de defensa de los derechos humanos y la protesta social.

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