Miércoles 29 Marzo 2017

‘Es relevante que el derecho a la salud, no sea una condición a la sostenibilidad fiscal’

Por Lissette Viñas, odontóloga y administradora en salud.

Se requiere a gritos una evolución de la salud, solicitando una ley estatutaria, ya que por la constitución Nacional se referencia como un servicio público obligatorio y no como un derecho.

Teniendo en cuenta esta condición resultan significativos estos procesos desde el plano social en Colombia. Es evidente que la salud se convirtió en un derecho fundamental a través de la práctica y la jurisprudencia mas no por la conceptualización en la constitución establecida.

La corte Constitucional definió la salud por primera vez en la sentencia T-760 del 2008 como un derecho fundamental, donde está permanecía siendo inequitativa y dependiente al devenir de factores administrativos, políticos y primordialmente de factores económicos que tenían limitante su garantía.

Por tal motivo, desde los distintos sectores, en especial desde el cuerpo médico se consideró la imperante necesidad de que estableciendo una ley estatutaria se definiera eficazmente al tenor del estado social de Derecho, con un marco especifico que determinara las reglas de juego planteadas para una reforma establecida estructuralmente, proyectado sobre la base de desenlaces sanitarios y no desde el ámbito económico.

Dicha exequibilidad dada por esta ley, la salud no se reforma, pero si brinda las bases conceptuales y el rumbo que debe llevar y tomar cualquier variación del sistema.

Este jueves 16 de febrero de 2017 el Gobierno sepulto el Plan Obligatorio de Salud, esta ha sido la base para determinar el plan de beneficios aplicables a los usuarios del sistema de salud.

Hasta el momento, tenían derecho los pacientes a un listado de procedimientos (el POS) y cualquier tratamiento por fuera debía ser autorizado por un comité científico y pagado por la Nación con recursos del Fosyga.

La Ley Estatutaria de Salud, promulgada por el Ejecutivo el 16 de febrero del 2015, da un viraje completo y establece que todo lo que necesite un afiliado le debe ser dado, excepto lo que esté expresamente excluido, como los tratamientos cosméticos, medicamentos sin evidencia de efectividad, los no autorizados por el Invima y los que estén en fase de experimentación.

El artículo 15 da un plazo de dos años, que se cumplieron esta jueves 16 de febrero de 2017, para establecer y fijar los mecanismos técnicos con un claro objetivo de determinar explícitamente esas exclusiones. En la práctica esto significa que “el POS tiene que desaparecer”.

Hasta ahora los pacientes tenían derecho a un listado de procedimientos (el POS) y cualquier tratamiento por fuera debía ser autorizado por un comité científico y pagado por la Nación con recursos del Fosyga. El Ministerio de Salud presentará esa metodología.

El presidente de Acemi, Jaime Arias del gremio de las EPS del régimen contributivo, preciso de manera reiterativa el temor de que no se pongan límites a lo que cubre el plan.

Dijo, “Susto y temor porque le están adjudicando demasiadas cosas al sistema en las sentencias de las cortes, las leyes y disposiciones del Ejecutivo, como si tuviera la capacidad de absorberlo todo”.

Existen varios interrogantes sobre esta ley estatutaria que a continuación se describen algunos para mayor comprensión

¿Por qué una ley estatutaria?

El artículo 49 de la Constitución de 1991 definió la salud como un servicio público esencial obligatorio. Por estar ligado al derecho a la vida, este concepto evolucionó a derecho fundamental. Mediante sentencia de julio del 2008, la Corte Constitucional lo reconoció como tal, por primera vez, aunque solo una ley estatutaria (de mayor jerarquía) podría elevar la salud a esa categoría.

¿En la práctica qué significa?

Como se trata de un derecho fundamental, queda claro que el Estado es el responsable de garantizarlo sin que medien restricciones económicas, sociales, culturales o de cualquier otro tipo.

¿Y eso va a mejorar el acceso de la gente a los servicios de salud?

En teoría, sí. La nueva ley definió unas reglas de juego con carácter constitucional que buscan garantizar este derecho; también dejó explicitado qué debe dársele a la gente en materia de servicios, y qué no.

¿Eso tiene que ver con la desaparición del POS?

El plan obligatorio de salud (POS), que es un listado de servicios de salud a los que la gente tiene derecho, desaparece. La ley estatutaria dejó claro que, en adelante, las personas deben recibir lo que necesiten en términos de salud para garantizar su bienestar (no lo restringe a un listado). Quedó excluido todo lo cosmético, suntuario, lo que no contribuya a la recuperación, lo experimental, lo que no esté probado y los tratamientos por fuera.

Ahora y siempre a Gritos se expresa, la relevancia que el derecho a la salud no esté condicionado a la sostenibilidad fiscal, que se tenga en equilibrio la prevención y la atención de la enfermedad, que se le brinde a los pacientes lo que realmente requieran, que haya una centralización de los recursos, que la anhelada atención no sea mediada por el dinero, que el costo de los medicamentos sean regulados en todo el mercado, y para resaltar que la autonomía médica sea de orden y carácter constitucional. Todos los elementos anteriormente expuestos que hacen parte de la ley, permitirá que beneficien a la población en general muy por encima de cualquier interés, y su dependencia se daría por la reglamentación establecida.

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