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¿Antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías cuantos contratos directos realizó Magangué?

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Fue tal el punto del corre corre de los entes territoriales por adelantar los procesos de contratación directa a través del Sistema Electrónico de la Contratación Publica SECOP, que los días anteriores al 29 de enero, fecha limite para hacerlo por entrada en vigencia de la ley de garantías, que la plataforma colapsó, por lo que fue necesario tomar medidas para garantizar la contratación sin los tropiezos que generaba a las entidades por cumplir con la norma.

Tal situación se generó precisamente porque el pasado sábado 29 de enero comenzó a regir la Ley de Garantías, que busca limitar la contratación pública en época electoral para prevenir que los recursos públicos sean usados con fines electorales.

Desde ese día se restringe la contratación directa por parte de todos los entes del Estado desde el 29 de enero de 2022 y, dado el caso, hasta las elecciones en segunda vuelta. Entre ellos, la contratación de los servicios profesionales o apoyo a la gestión, sin embargo, no hay restricciones para prórrogas, modificaciones o adiciones y la cesión de los contratos suscritos antes del 29 de enero de 2021.

A propósito, José Andrés O’Meara, Director General de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, fue quien hizo claridad sobre el tema, manifestó que “A partir del 29 de enero ya no se puede llevar a cabo ninguna contratación directa, todo lo que se haga a partir del sábado 29 a las 00:01 horas es licitaciones, selecciones abreviadas y mínimas cuantías. La contratación directa como modalidad de selección de contratistas queda prohibida”, explicó O’ Meara.

¿Hay excusas para que los contratos no hayan sido montados al Secop?

Si bien la plataforma Secop presentó congestión días previos a la entrada en vigencia de a Ley de Garantías, la Agencia Nacional de Contratación garantizó su funcionamiento y estableció los mecanismos para que aquellas entidades que pudieron tener algún tipo de dificultad, no vieran afectados sus procesos contractuales.

Fue así como el Gobierno publicó un certificado de indisponibilidad, que estuvo vigente el 25 de enero por espacio de 2 horas, lo mismo el día 26 de enero, en ambos casos la plataforma fue requerida para un proceso de mantenimiento. La tercera indisponibilidad del Secop se dio el 2 de febrero con una duración de menos de una hora. Por lo que se nos indicó que no hay excusa para que no se haya registrado la contratación.

Se sabe que las Entidades Estatales están obligadas a publicar los documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.

Así mismo se nos respondió que “la responsabilidad por la publicación tardía de los procesos corresponde a la Entidad contratante y por ende es decisión de esta tomar las medidas necesarias y asumir acciones o consecuencias que correspondan y se deriven por el incumplimiento de un deber legal”.

¿Cuántos contratos directos publicó Magangué antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías?

Se pudo constatar, a la fecha de escribir este artículo, 5 de febrero, que la alcaldía de Magangué no tenía registrado un solo contrato directo, modalidad prestación de servicios o apoyo a la gestión, a pesar que las voces cercanas a la alcaldía contaban de la firma de un sinnúmero de contratos, los que obedecían a asesorías y  servicios profesionales en diferentes secretarias, salud, educación, hacienda, planeación, otros en programas sociales, administrativos de instituciones educativas, entre otros.

¿Qué pasa sino se publica la gestión contractual en el Secop?

Hay que recordar que actualmente el sistema de información en materia de la contratación pública es el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), que “es el medio de información oficial de toda la contratación realizada con dineros públicos. El SECOP es el punto Único de ingreso de información para las entidades que contratan con cargo a recursos públicos, los entes de control y ciudadanía en general.

En ese orden de idea, la Subdirección de Gestión Contractual de Colombia Compra Eficiente nos recuerda que violar la publicación del Secop atenta contra el  principio de publicidad o de transparencia de la actividad contractual, señaló: “el derecho de acceso a la información pública o de interés público permite a toda persona, sin necesidad de acreditar calidad, interés o condición particular, conocer la existencia de información pública, acceder a la misma y difundirla o publicarla, según su interés”.

¿Pero que es lo que se debió publicar en el Secop?

Colombia Eficiente nos recuerda que “las Entidades que aún utilizan el SECOP I están obligadas a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición”, si es contratación directa el primer documento a publicar es la de justificar la modalidad de contratación, y luego los demás documentos.

La información registrada por las Entidades en el SECOP II está disponible en tiempo real en razón a que las actuaciones del Proceso de Contratación tienen lugar electrónicamente a través de dicha plataforma transaccional.

¿Qué responde la administración municipal ante la no publicación de contratación directa antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías?

A pesar de que intentamos conocer la respuesta de la administración municipal, vía Whatsapp y mensajes directos a funcionarios encargados del manejo de la plataforma, no obtuvimos respuesta, por lo que no conocemos los motivos que llevaron a Magangué a no entrar en el furor de los entes territoriales por publicar en el Secop antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías.

Aún así la entidad encargada del Sistema Electrónico nos responde que “la Agencia únicamente administra el SECOP, pero no es responsable de las acciones u omisiones de las Entidades en la plataforma. Siendo así, debe resaltarse que la responsabilidad por la publicación tardía de los procesos corresponde a la Entidad contratante y por ende es decisión de esta tomar las medidas necesarias y asumir acciones o consecuencias que correspondan y se deriven por el incumplimiento de un deber legal”.

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