La Cuarta Via

Arresto a la mesa directiva de Concejo de Talaigua Nuevo por incumplir fallo judicial

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Seis días de arresto en el centro penitenciario de Camilo Torres en Magangué y el pago de seis salarios mínimos legales vigentes, deberán pagar los integrantes de la mesa directiva del Concejo municipal de Talaigua Nuevo Bolívar, por desacato a resolución judicial emanada del juzgado promiscuo de esa localidad.

La medida dada a conocer hoy, la hizo el juzgado de esa localidad luego del incidente de desacato presentado por el señor Lucio Miguel Bravo Sinnig, contra la mesa directiva de la corporación quien no tuvo en cuenta una resolución judicial que declaraba la suspensión de la elección del personero local y lo posesiono en días pasados.

La medida va dirigida a los concejales Jorge Mario Fuentes Núñez en su calidad de presidente de la corporación, Eloy Acuña Dávila, primer vicepresidente e Iván Medrano Torres segundo vicepresidente.

El fallo señala que esta motiva en el accionar de los concejales que no cumplieron lo ordenado por ese juzgado en la sentencia de tutela proferida el día 23 de enero del año en curso y que ordenaba la suspensión de la elección del personero municipal.

La mesa directiva no solo ignoro la sentencia judicial del Juez, Jesús Delgado Brito, sino que eligió personero y lo posesiono hace unos días, elección que recayó en Ricardo Contreras quien venía ejerciendo esas funciones en el periodo pasado

En la providencia el juzgado en su momento, no solo acepto la acción de tutela interpuesta por el afectado, sino que pidió suspender de manera provisional el concurso para proveer el cargo de representante del ministerio público en esta municipalidad.

Por este caso de incumplimiento a resolución judicial, los cabildantes no solo se verían abocados a este arresto, sino que también la procuraduría podría sancionados con la pérdida de su investidura a aquellos que participaron de la elección y votación del personero, pues se conoce que tres de los concejales del municipio se apartaron y dejaron constancia de su desacuerdo por estar trasgrediendo la ley.

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