La Cuarta Via

Así fue la investigación de la Contraloría que puso en la mira al presidenciable Sergio Fajardo

En la Cuarta Vía

La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por la suma de $4,1 billones de pesos contra 28 funcionarios y contratistas, entre los que se encuentran Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos, exgobernadores de Antioquía, y Aníbal Gaviria y Alonso Salazar, exalcaldes de Medellín, porque presuntamente afectaron la operación del Proyecto Hidroituango, como consecuencia de una larga cadena de errores que se dio desde su planeación y diseño, hasta su ejecución y control. 

Este valor resulta de un lucro cesante calculado en $1,1 billones y una pérdida del valor del proyecto por valor de $2, 9 billones. 

Entre los 28 imputados figuran 10 miembros de la junta directiva de Hidroituango, 2 gerentes de EPM, 2 gerentes de Hidroituango, 1 gerente de la filial EPM-Ituango, y los mencionados exalcaldes de Medellín y exgobernadores de Antioquia. El resto son contratistas. 

Según el informe entregado por la Contraloría al abrir el proceso de responsabilidad fiscal por estos hechos, se vinculó entonces a 34 presuntos responsables, de los cuales, con la decisión tomada ahora, de forma jurídica y autónoma, por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, 28 fueron imputados y a los 6 restantes se les archivaron las diligencias al no haber incidido de manera determinante en la causación del daño. 

Consecuencias de la cadena de errores 

Al proferir esta decisión, la Contraloría consideró que los errores cometidos en el proyecto Hidroituango, trajeron tres graves consecuencias: 

La primera consecuencia es que se incumplió el objetivo principal del proyecto, que era generar energía ya contratada y acordada para el año 2018, lo que produjo el lucro cesante señalado ($1,1 billones). 

La segunda es que se produjo un desmesurado aumento de los costos de Hidroituango. Inicialmente estaba pactado en $6 billones y, por las fallas e improvisaciones, terminó costando cerca de $13 billones, por la destrucción del valor del proyecto a junio de 2019. 

Y la tercera consecuencia es la grave contingencia que en abril de 2018 amenazó con causar una calamidad pública en el área de influencia del proyecto y por la que se tuvieron que invertir recursos en más obras. 

Trabajo de un año de equipo de expertos 

Como destacó el contralor Carlos Felipe Córdoba, en una rueda de prensa, donde se anunció la decisión proferida por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR, el proceso fiscal fue abierto el 9 de noviembre de 2019, o sea que se tomó un año en llegar a la decisión de imputación, como resultado de una exhaustiva y rigurosa investigación por parte de un equipo multidisciplinario de abogados, ingenieros y contadores. 

Este equipo de expertos, con el acompañamiento técnico permanente de la Universidad Nacional, analizó más de 2 teras de información en el marco de un proceso de responsabilidad fiscal originado en una Actuación Especial de Control Excepcional adelantada en su momento por la Contraloría Delegada de Minas y Energía, atendiendo una solicitud que hiciera en febrero de 2019 la Veeduría Ciudadana Recursos Sagrados.  

Desde el momento en que la Contraloría General de la República recibió esa solicitud, asumió la vigilancia del proyecto y se comprometió a entregar resultados en forma oportuna, técnica y con todas las garantías. 

Evaluación de antecedentes, hitos y decisiones 

La Contraloría evaluó el proyecto hidroeléctrico Ituango desde cuando comenzó a concebirse en 1962, a planearse en los años 70s, y a desarrollarse a finales de los años 90s, momento en que se iniciaron los trámites para la obtención de la licencia ambiental.  

También hizo seguimiento a la etapa de impulso definitivo, tiempo en el que se buscaron los recursos financieros y se avanzó en la elaboración de los diseños y en la construcción de infraestructura. Fue en ese entonces, cuando se dio paso a las obras principales de la hidroeléctrica.  

Miró igualmente la participación de Hidroituango en la subasta de energía en firme realizada a mediados de 2008, en la cual prevendió 2.972.603 KWh-día para el Periodo de Vigencia del primero de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2038, a un valor de 13.99 dólares por cada megavatio-hora. 

Otros factores analizados fueron los ajustes accidentados que se dieron a los contratos entre 2010 y 2011, incluyendo la escogencia de EPM para desarrollar el proyecto; los atrasos siguientes que empezó a tener; las consecuencias del mal manejo del cauce del Río Cauca y la contingencia presentada en 2018. 

El equipo técnico de la CGR evaluó minuciosamente, y con todos los soportes tecnológicos, si se generaron de manera injustificada aumentos en las inversiones que afectaran el valor neto del proyecto o si por la demora en la entrada en operación se generó un lucro cesante que se tradujera en un daño de naturaleza fiscal.  

Para la Contraloría General, en ejercicio de su función de cuidar los recursos públicos, era imprescindible entender si el valor invertido en el desarrollo del proyecto al final de la operación iba a generar una retribución para Hidroituango, EPM y sus 12 municipios de influencia.   

Además de haber millonarios recursos públicos en juego, Hidroituango es uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos que ha desarrollado el país.  

De este proyecto, depende buena parte de la demanda energética del país, enfatizó el Contralor Carlos Felipe Córdoba. 

Existen responsables individuales 

Considerando todo lo anterior, tras analizar cuidadosamente cada uno de los hechos, en el caso del proyecto Hidroituango, la Contraloría determinó que frente a sus consecuencias existen responsables individuales que, respetando el Estado de Derecho, cuentan con las debidas garantías para su defensa, indicó el Contralor General.  

FOTO: El Nuevo Día.

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