La Cuarta Via

Buscan financiación por 18 mil millones para atender sectores damnificados por la construcción del puente Magangué – Bodega

En la Cuarta Vía

Han sido insistentes los reclamos de los sectores damnificados por la interconexión vial entre Magangué y Mompox, hasta el punto de realizar acciones de hecho y mantener una amenaza de seguir haciéndolas si sus requerimientos, manifestados en compromisos, no se cumplan.

Se exige por parte de la comunidad que el Fondo de Adaptación junto con la Gobernación de Bolívar, aporten los recursos para la ejecución de los proyectos productivos, so pena de acudir a las vías de hecho para lograr este objetivo.

Después de realizar mesas de concertación con los reclamantes, el gerente del Fondo de Adaptación Edgar Ortiz Pabón envió una solicitud al Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitando el apoyo económico a las Unidades Sociales Productivas constituidas como el resultado de un acompañamiento institucional a la afectación social de la construcción del puente.

A este proceso a estado muy pendiente el congresista Yamil Arana, que ha acompañado en las diferentes reuniones de dialogo que se han realizado entre la población, alcaldes de la depresión momposina, representantes de las entidades, contratista y gobernación de Bolívar.

La situación

En la solicitud de Ortiz Pabón, explicó que el Fondo realizó un acompañamiento a las Unidades Sociales Productivas para que fueran técnica y administrativamente viables, estas fueron: ASOMOTOCICUCO, ACOMYATI, EAT (Empresa Asociativa de trabajo), ASOGUIPAMAG, ASOYATI, ASOVEBO, ASOGAPUB, ASOPISCIBOL, ASOCICUCO, COTEROS Y BRAZEROS DEL PUERTO DE BODEGA, ASOLACARPBO, COOPESTRAM, SOTRASCIC.

Explica que, acorde a los resultados de la consultoría de la CAF, en diciembre de 2019 y enero de 2020, el Fondo logró un acercamiento con la Agencia de Desarrollo Rural, firmando en febrero de 2020 un “Memorando de Entendimiento”, a través del cual dicha agencia debería evaluar cada uno de los proyectos productivos reformulados por la CAF y consideraría su posible financiación, lo anterior porque las iniciativas estaban alineadas con los Planes de Desarrollo Agropecuario y Rural Integral con Enfoque Territorial, conforme a la política formulada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, identificados en la zona de intervención. A La fecha, la ADR se encuentra en la formulación de los proyectos.

Así mismo dice que, la asesoría y acompañamiento por parte del Consorcio Nacional Yatí fueron desarrolladas, lo certificó la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA, era una de las condiciones.

Con mira a lograr la ejecución de las 13 iniciativas productivas de las asociaciones viabilizadas, bajo la condición que todas se alineen al prototipo de proyectos que se radicaron ante la Agencia de Desarrollo Rural – ADR – que apunta a mejorar la calidad de vida de las familias que hacen parte de dichas Unidades le solicito muy comedidamente se analice la posibilidad de asignar una partida presupuestal de 18 mil millones para la vigencia 2021, que le permitirá al Fondo de Adaptación ejecutarlas. Este valor resulta de los valores que se determinaron por la consultoría realizada por la CAF – Banco de Desarrollo para América Latina.

El impacto social de la obra

Cuando se expidió la licencia ambiental por parte de la ANLA en el año 2014 se contempló un alcance de las metas y los indicadores sociales, estableciendo unas acciones dirigidas a minimizar “los impactos que generaría la construcción del puente”,, por lo que se realizó un estudio de las actividades relacionadas con la dinámica fluvial (conductores de chalupa y/o lancha, transportadores fluviales, mototaxis, comerciantes aledaños, vendedores, entre otros); entre esas acciones estaban la asesoría y acompañamiento a las futuras unidades sociales productivas, buscando proyectos alternativos para la generación de ingresos de estos sectores.

Se comprometió el contratista de la obra a estas acciones y lograr la identificación y formulación de alternativas productivas para los gremios afectados, sin embargo, no se contempló el aporte en recursos económicos. Informes de la ANLA establecen que el contratista cumplió al 100% de esta acción. A partir de allí el Fondo de Adaptación se comprometió a buscar las fuentes de financiación, y es aquí donde se encuentra el problema.

El puente fue construido a un costo total de 307 mil millones de pesos, entregado el 30 de marzo al Instituto Nacional de Vías INVIAS.

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