Por Joseph Roenes Galvis
Si algo ha dejado claro el virus es que los sistemas de salud se arrodillaron, sin capacidad de asimilar una pandemia de esta magnitud, quizás no haya modelo efectivo para una emergencia de este tamaño, solo la capacidad económica de los países para reaccionar con las inversiones está solventando la emergencia, pero es diferente a tener un sistema de salud suficiente o apto para tratar de corresponder a situaciones críticas que atenten contra el derecho a la vida, y no solo la capacidad económica para tratar con las emergencias.
El coronovirus dejó claro que puede existir ese modelo sin el traumatismo intermediario de unos administradores de recursos, la reinventada clasista y corrupta ley 100; cuando la voluntad política de un gobierno bajo la presión de la emergencia definió que estaban los recursos para girar rápido y sin problemas, cuando la crisis les mostró que se podían hacer las inversiones en dotación y tratamiento, cuando la pandemia les guio el camino para abrir mayor atención, cuando nuestros investigadores y científicos fueron importantes y pudieron sentarse al lado del presidente, cuando nuestros médicos y enfermeras y al personal sanitario se les reconoció su esfuerzo, para eso no era necesario que llegará el coronavirus, simplemente voluntad de estar preparados y tener un sistema de salud fuerte como prerrogativa política y derecho ciudadano, lo que sobra se puede quitar, y esas son las EPS, una piedra en el camino que han servido para que la salud sea uno de los mejores negocios del sector público.
Un negocio peleado cada cuatro años, unas familias que amasan fortunas bajo la consigna de ser sordos y ciegos al clamor de la gente por los paseos de la muerte y la mala atención, tienen razón al señalar culpables sin ser tocados, pero ahora ellos también hacen parte del temor que genera no solo la pandemia sino el horror que puede causar “un sistema débil”.
Estoy de acuerdo con que el virus en el mundo ha destruido cualquier concepción político-ideológico-económica, como paradigmas salvadores, hoy ese ruin capricho de la naturaleza nos ha vuelto la mirada a lo básico, y la relación preexistente de la salud como un servicio público hay que reengancharla, eso es lo básico aquí, y hay que hacerlo con gente que trabaja en el sector, con la gente que tiene el servicio como fuente de inspiración de su profesión, eso hay que salvaguardarlo por encima de la política, incluso por encima de la politiquería, y de las tentaciones de poder.
Lo que les quiero decir, es que una de las lecciones que nos debe dejar el coronavirus es acabar con la ley 100, en el caso de Colombia, en otros países seguramente fortalecer o replantear el modelo, pero nosotros miremos lo que tenemos.
Es imperioso que el Estado retome su lugar esencial para blindar la salud, el fortalecimiento institucional solo como supervisores a la prestación directa de las instituciones prestadoras de salud, con mínimos requeridos en atención, sean público o privadas, con operadores o no, se requiere esa relación directa, y ahora con la tecnología existente es mucho más fácil esa labor.
Las ESE´s deben soportarse como prestadores, bajo los mínimos de la atención, en oportunidad y eficiencia, y no con calificación administrativa, extender su red con la construcción de clínicas y hospitales y no con puestos de atención en casas.
Repito que la salud debe blindarse de la politiquería o la política, para evitar el normal traumatismo de los intereses, así como los servidores públicos tienen incompatibilidades e inhabilidades, que habrá que ampliar para una reforma política seria en este país, este es otro tema que ya tocaremos, debería extenderse a los administradores de la salud y a todo aquel que ostente administración o curul política.
Para ello es necesario escuchar a nuestros sanitarios, científicos e investigadores, no para atender una emergencia con las condiciones que tienen, sino para blindar la salud con las condiciones que necesitan, de eso se trata la lección que nos deja el coronavirus.
