La Cuarta Via

Del contrato de prestación de servicios

En la Cuarta Vía

POLITICAZOS. De Joaquín Romero Calle

Esta es, figura contenida en el estatuto general de la contratación administrativa. La utiliza el Estado colombiano, para vincular personas naturales a su servicio, sin que dicha vinculación, constituya forma laboral regular, de venta de fuerza de trabajo -física o inteligente- al Estado, para cumplir los fines misionales de éste. El contrato de prestación de servicios, es una necesidad intrínseca Estatal; en muchas entidades, tergiversada por el abuso o por la corrupción.

Hay un gran revuelo en el país nacional -acuérdense de la división gaitanista, del país político y del país nacional- alrededor de la expectativa, de lo que hará el gobierno de Petro, para cumplir promesa de campaña presidencial: convertir en trabajador de planta oficial, a los contratistas de la prestación de servicios. Expectativa, que ha sido puesta en el fuego rápido de la crítica malévola  o desinformada, que busca cremar, de una, las posibilidades de una solución legal y práctica,

Claro, abonan a la confusión que se plantea, no muy atinadas opiniones o conceptos, de voceros o representantes de entidades del Estado, que tienen que ver con el empleo y contratación públicas; por ejemplo, Colombia Compra Eficiente y la Dirección de la Función Pública, quienes ha salido a decir, que se contrate, en este año, inicialmente, por cuatro (04) meses.

Como lo cuestionó Víctor Arturo Polo Sanmiguel, ex Contralor del Departamento del Atlántico, aquellos representantes legales, carecen de competencias, para dictarles reglas imperativas, a otras entidades, sobre este particular. Olvidan esos doctrinantes, que el Estado, está diseccionado en segmentos con personería jurídica, autonomía administrativa y capital o presupuesto propios, en donde la contratación, es fuero típico del correspondiente jefe de la entidad.

El contrato de prestación de servicios, está reglamentado en el ordenamiento jurídico colombiano. Está prohibido para el desempeño de funciones permanentes y está autorizado, para situaciones excepcionales, que no estén asignadas a personal de planta y que requieran conocimientos especiales, profesionales o técnicos, útiles, para los objetivos de la respectiva entidad.

Hay necesidad de contratistas de prestación de servicios, en el campo del derecho, para llevar representación judicial de las entidades o para suministrar asesorías a los directivos de las mismas. De este contrato, se ha abusado, esencialmente, en el apéndice salud. La mayoría de los materialmente prestadores de los servicios -médicos, enfermeras, odontólogos, etc.- están allegados, mediante contratos de prestación de servicios; o mediante la tercerización que utiliza el capital privado: cooperativas de trabajo asociado o bolsas de empleo temporal.

El Estado, explotando directa y laboralmente, al trabajador o prestándose, para que, mediante desvío corrupto, lo hagan particulares, que se enriquecen con el sudor de los colombianos. Hace unos días, lo denunció El Meridiano Córdoba, acontece en el Hospital San Gerónimo de Monterías. Más de quinientos (500) miembros del talento de la salud, vinculados, mediante contratos de prestación de servicios. Explotación y hasta extorsión política. Tantos votos o no más contrato.

Este fenómeno laboral, fue promovido por aquel Ministro de Salud, de Uribe y de Gaviria, quien falleció en un accidente aéreo, Juan Luis Londoño de la Cuesta. A hospital que le solicitaba apoyo, para mejorar la situación, le imponía a cambio: “reestructuración”. Significaba, supresión de empleos, reducción de la nómina Estatal. Es decir, menos Estado y más campo para la gestión privada -mercado- pilar esencial del neoliberalismo.

Conceptualización esa, que nosotros, vemos contradictoria, pues, el neoliberalismo, entiende, que la población crece más velozmente que la producción de bienes y servicios y que por consiguiente, a más población, mas Estado, como respuesta lógica. Volviendo al contrato, hay abuso de éste, en salud. Y hay corrupción en otras situaciones.

Transformar legalmente, empleados públicos o trabajadores oficiales, a los contratistas de prestación de servicios, no es tarea difícil, pero tampoco, facilísima. Para tal conversión, básicamente, se requiere de viabilidad presupuestal. Cosa distinta a la disponibilidad, ojo. Viabilidad, incluye, generalizadamente, salarios, prestaciones sociales y seguridad social, a cargo de cada entidad empleadora. La disponibilidad, se contrae sólo, a honorarios individuales.

También es distinto, el contrato de prestación de servicios, como medio de corrupción. Algunas veces, adquiere resonancia de nómina paralela, indispensable para generar votos o para el “´jafanajafana”, entre contratista y jefe contratante, o político intermediario.

En definitiva, el asunto del contrato de marras, es de dimensión presupuestal y necesidad. Y esto, tiene que ser encarado exclusivamente, por cada entidad en particular, como forzada a disolver el problema.

*jafanajafana. Mitad y mitad.

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