Una denuncia instaurada por José de las Mercedes Piñeres Hernández ante la Fiscalía, con copia a la Contraloría y Procuraduría en contra del agente especial interventor y exgerente gerente de la ESE Río Grande de la Magdalena de Magangué, Hugo Vásquez Cruz, dejaría al descubierto lo que serían actos de corrupción al interior de la mencionada entidad.
Al parecer, según la denuncia, el interventor habría incurrido en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y exigió de los entes de control una investigación que determine el grado de culpabilidad de Vásquez Cruz.
Los eslabones de la cadena de supuestos actos de corrupción la encabeza un contrato firmado con Inverlih SAS, cuyo representante legal es Libardo José Ibarra Herazo, que tuvo como finalidad la adquisición de elementos de protección para el personal asistencial a fin de frenar la propagación del Covid-19.
Para Piñeres Hernández llama la atención dicho contratista supuestamente le suministraba cuñetes de pinturas por un costo total de 900 mil pesos cada uno y señala la denuncia que igual sucedió con los tapabocas y gafas, entre otros. En este punto anota que esta empresa tendría un inmueble localizado en una dirección que al parecer no existe además de que tiene un capital suscrito de 20 millones de pesos en la Cámara de Comercio y alcanzó a contratar por más de $190 millones.
“En las carpetas de los contratos no se evidencia el lleno de los requisitos para contratar. No hay estudio de mercado, análisis de precios unitarios, y se contrata con una empresa sin tener en cuenta el manual interno de contratación”, asegura Piñeres en su denuncia.
Puntualizó que esta empresa fue creada en julio de 2020, la dirección registrada no existe y que el representante legal acumula varios contratos.
Por otro lado el denunciante asegura que se contrató con la firma “HBL Infraestructura Integral”, cuyo objeto social es la construcción de obras civiles, el suministro de personal asistencial para la prestación de servicios de salud extramurales sin cumplir con los requisitos legales.
En la denuncia también se denuncia que esta empresa habría subcontratado personal asistencial en la modalidad de Orden de Prestación de Servicios, OPS, y no garantizó el pago de los aportes a seguridad social.
“Se evidencia un sobrecosto en este contrato. En las carpetas de los contratos no se evidencia el lleno de los requisitos para contratar, como ofertas perdedoras. Su dirección de establecimiento no se encontró”, asevera Piñeres en la denuncia.
Otro contrato que llama la atención es el que se realizó la ESE con Servicios Generales la Candelaria para la prestación del servicio de internet a los 12 puestos de salud cuando la actividad comercial de esta empresa es la prestación del servicio de recepción, aseo, lavandería, cocina, jardinería y mensajería a instituciones industriales, establecimientos de comercio, centros comerciales, urbanizaciones, establecimientos e instituciones públicas, oficiales y otros.
En otro aparte señala el denunciante que la ESE Municipal Río Grande de la Magdalena, al parecer, está pagando por cada vigilante la suma de 5 millones de pesos mensuales a la empresa Eagle que es la encargada de prestar la seguridad lo cual, según Piñeres, es una suma exagerada.
Otro contrato irregular sería uno suscrito para la recolección de residuos hospitalarios ya que se estaría pagando $5 millones cuando lo normal es que se haga por el peso en kilos de los desechos.
En otro contrato donde supuestamente se presentan irregularidades es el suscrito con la empresa Gasolinera Fluvial La Unión para el suministro de combustible, lubricantes y lavado de los vehículos oficiales de la entidad.
Lo posible irregularidad se presenta porque dicha empresa no contaría con la infraestructura adecuada para suministrar combustible a las ambulancias de la ESE y habría un sobreprecio y al parecer mala calidad en los productos.
Como estos, indicó el denunciante hay más de 10 contrataciones a las que se les debe poner la lupa ya que habría serias irregularidades ya que al menos diez empresas se habrían beneficiado de esta contratación, supuestamente a dedo, realizada por el agente interventor.
