Por: J. J. Rubiano Desde la Orilla del Mar
Es claro que muchos colombianos –dentro de los cuales me incluyo- sabemos de la imperiosa necesidad que existe de hacer una reforma al Código Electoral, vetusto y ortodoxo, que hoy nos rige y que sin lugar a dudas es responsable de las empresas electoreras que se crean para robarse las elecciones a lo largo y ancho del territorio nacional.
Muchas elecciones – y eso la sabe todo el mundo- se ganan en las urnas, pero se pierden en la Registraduría, gracias a los altos niveles de corrupción que desde allí se ponen en práctica para voltear resultados.
Dicho esto, y siendo coherente con el pensamiento, es claro que se necesita una reforma al sistema electoral colombiano empezando por el Código Electoral.
La propuesta del Registrador Alexander Vega, avalada y presentada con mensaje de urgencia por parte del gobierno tiene 161 páginas, que a mi modo de ver ahonda más los niveles de corrupción en el sistema electoral, que ser una verdadera solución al actual sistema.
¿El cambio de la estructura es necesario, pero cuál es el afán de este gobierno para que se apruebe ya?
Un cambio estructural de este tipo no puede ser objeto del “pupitrazo” al que nos tiene acostumbrados los padres de la patria con los proyectos de interés nacional, ni puede aprobarse a conveniencia del gobierno de turno como se pretende en esta ocasión.
Es tan obsoleto el actual código que tiene vigencia desde 1986, es decir 34 años, que en el mismo se habla de bipartidismo, cuando todo el mundo sabe que hoy en Colombia hay más de quince partidos o movimientos políticos – algunos de ellos de garaje- que participan en las justas democráticas.
Por ejemplo, el proyecto inicial establecía la eliminación de la llamada Ley de Garantías, que restringe la contratación pública cuatro meses antes de las elecciones, algo que se eliminó gracias a la presión que hizo la ciudadanía y los partidos de la oposición del mismo cundo se conocio.
Un cambio de estos requiere de un amplio análisis y estudio de todas las partes, pues de ese Código depende la estructura democrática de nuestro país hacia el futuro, luego entonces no se puede, ni se debe hacer con la premura que lo quiere el gobierno y su partido, que “soterradamente” busca acomodar para su beneficio las reglas de juego para continuar en el poder.
Cambiar para mejorar, SI, pero cambiar para beneficiar a una sola colectividad, NO, como a todas luces busca esta iniciativa.
El cambio no puede de la noche a la mañana como lo pretende el gobierno y sus partidos afines y por el contrario debe ser bien analizado, estructurado y que tenga vigencia para las elecciones del 2024 y no para el 2022, como se pretende por parte del ejecutivo.
Así y solo así, estaremos estructurando una verdadera base salida para el sistema electoral en Colombia, de lo contrario estaríamos asistiendo a un acto más de corrupción en el derecho más sagrado como es el de elegir y ser elegido.
