El Ministerio del Deporte en Colombia es un hecho, no porque solo le faltan tan solo dos debates en el Congreso, sino porque desde las administraciones pasadas ya se viene trabajando como tal, se convertiría en el ministerio número 18.
Si todo sale como está previsto, su sede se trasladaría de inmediato a Cali, la ciudad adoptiva de su exdirectora Clara Luz Roldán, la gran promotora de esta iniciativa, que ha contado con el apoyo de su mentora, la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro (‘la U’), a quien aspira a reemplazar en las próximas elecciones.
El antecedente el nuevo ministerio esta desde cuando Andrés Botero fue director de Coldeportes, tras los excelentes resultados de Colombia en los Juegos Olímpicos del 2010, el gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos comenzó a labrar el camino del Ministerio del Deporte.
Pero la alegría del nuevo rector del deporte colombiano también tiene su pasado oscuro. Ernesto Lucena, su nueva cabeza, les acaba de entregar a los entes de control un grueso reporte que no deja bien parada a su antecesora Clara Luz Roldán.
Aunque el informe se maneja de manera reservada, EL TIEMPO tuvo acceso al documento que da cuenta de cómo de los 474 convenios activos, para la construcción de escenarios deportivos, 211 están rodeados de hechos poco claros que ponen en riesgo cerca de 270.000 millones de pesos de inversión.
Varias de las obras debían ser entregadas en diciembre del año pasado, pero registran retrasos significativos, errores de planeación, adiciones presupuestales injustificadas y hasta adjudicaciones poco claras.
“Viabilizar algo inviable es posible corrupción, aunque eso lo determinarán las autoridades”
“Viabilizar algo inviable es posible corrupción, aunque eso lo determinarán las autoridades”, le dijo a este diario la actual secretaria general de la entidad, Marcela Chávez.
Y agregó que las anomalías reportadas a los entes de control se detectaron a través de varias mesas de trabajo. Además, que ya se pusieron en conocimiento de la Casa de Nariño y del Ministerio de Hacienda, que dieron luz verde para una adición presupuestal que permita culminar las obras y para dar parte a las autoridades. Incluso, hace un par de meses, tres funcionarios de mediano rango fueron capturados por el CTI en la sede de la entidad, vinculados a estos hechos.
“Coldeportes tiene presencia directa en la ejecución de los proyectos de obra, situación que preocupa en tanto que, al parecer, se pasaron por alto varias situaciones que alteraron el balance financiero de los proyectos, tales como ajustes de diseños o saneamiento predial, entre otros no advertidos con la debida oportunidad”, se lee en el oficio del director Lucena, enviado a las autoridades.
En los convenios cuestionados hay un grupo crítico que llevó a la entidad a plantear su terminación inmediata, lo que deriva en que las obras no se ejecuten. Entre ellas está la cancha de fútbol de El Peñón, en Bolívar, avaluada en 3.491 millones de pesos, de los cuales se desembolsaron 1.431 millones; el riesgo se generó porque el terreno inicialmente elegido no cumplió los requisitos para desarrollar el proyecto.
En este paquete está la construcción de un polideportivo cubierto en Puerto Inírida, Guainía, que se avaluó inicialmente en 5.481 millones de pesos, de los cuales ya se desembolsaron 2.740 millones.
Y hay un tercer grupo de 110 convenios que presentan retrasos y no cumplirán las fechas de entrega pactadas con los contratistas.
Finalmente, Coldeportes decidió modificar 29 convenios más por inconsistencias de todo tipo.
Aparte de estas alertas, según los documentos en poder de EL TIEMPO, también hay preocupación en Coldeportes por el proceso de interventoría que se contrató con el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca (Fondecún).
Su papel es desarrollar la interventoría de los 474 convenios, por lo cual se pactó el pago de 40.134 millones de pesos: 2.590 millones por la gerencia y 37.544 millones para su ejecución misma.
“Se alertó de un posible desfinanciamiento de la interventoría contratada, al parecer por mayores tiempos de permanencia en obra requeridos para la finalización de las obras”, se lee en el informe de la nueva administración de Coldeportes.
‘Hay una intención política’: Roldán
Clara Luz Roldán, exdirectora de Coldeportes y ahora aspirante a la gobernación del Valle, le dijo a EL TIEMPO que la firma de los 474 convenios se hizo con apego a la ley y luego de una convocatoria pública, a mediados de 2017. “No son ciertas las afirmaciones del doctor Lucena, y prueba de ello es que ninguno de los convenios fue abortado en diciembre pasado. Los que tenían inconvenientes fueron reprogramados”, precisó.
De hecho, aseguró que en su administración se implementó una interventoría nacional, porque antes se le asignaba al mismo ente territorial. “Creo que hay una intención política con esta denuncia. Incluso, alguna vez le dije al nuevo director que con la mala imagen que tiene el presidente Iván Duque, lo mejor era que aprovechara las obras que dejamos andando y las inaugurara”, precisó.
