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El proyecto de reducir los horarios de los congresistas de Jota Pe ¿De qué se trata?, ¿Quiénes lo apoyan y quiénes no?

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El ajuste salarial para congresistas que firmó el expresidente Iván Duque antes de dejar el poder ha causado revuelo, sobre todo por la propuesta de algunas bancadas del nuevo Congreso para bajar los sueldos de los legisladores. El decreto firmado el pasado 4 de agosto dejó la ganancia de los políticos del Capitolio en $35′316.450, eso quiere decir, $898.000 más que en 2021. Ante esto, el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, propuso que los parlamentarios donaran una parte significativa de su sueldo, mientras se aprueba el proyecto para ganar menos.

El senador de la Alianza Verde cree que es posible lograrlo, después de que el proyecto se ha caído 18 veces en el legislativo.

Dentro de lo dicho por Hernández este miércoles, está lo que sería una intención de fondo de algunos “senadores alternativos” de hundir su proyecto de ley para la reducción de salarios. Asimismo, se refirió a los otros proyectos que buscan esta modificación en el Congreso y dijo que, de concretarse, serían algo tardíos, ya que algunos, como el presentado por el Pacto Histórico, proponen la reducción a partir del 2026, cuando el actual Congreso acabe.

 “A los colombianos les dijeron que no se podía hacer esta reducción en este periodo, pero les estaban mintiendo. Nosotros, con mi equipo, encontramos la forma de lograr esa reducción ya, ahora, con tan solo cuatro debates, en un año, se puede lograr”, dijo el senador. En esta iniciativa, dice Hernández, ha encontrado más respaldo en los partidos políticos tradicionales que en las fuerzas alternativas.

Los apoyos han venido, según dijo, desde “la cabeza del Centro Democrático, el más votado, que es Miguel Uribe; me firma el más votado de Cambio Radical, que es David Luna; me firma la cabeza del Partido Liberal, que es Fabio Amin; y así tengo cerca de 17 firmas solamente del Centro Democrático. Ya estamos llegando a 30 firmas, necesito 60 en Senado”. Hernández además manifestó que una senadora, cuyo nombre no quiso dar, dijo que no apoyaba su iniciativa porque, a pesar de llevar varios periodos en el Congreso, quiere seguir ganando todo el dinero.

Aun así, el legislador manifestó en su cuenta de Twitter que él y sus aliados están “buscando apoyos de todos los congresistas, sin importar el partido y el color”. En su invitación sostiene que “necesitamos que este proyecto de reducción de ingresos se logre. En su momento ustedes conocerán el nombre de los traidores (incluida la senadora) por ahora necesitamos sumar incluso los de su partido”.

De que se trata el proyecto

Puntualmente, el proyecto de Hernández propone agregar un parágrafo al artículo 8 de la Ley 4 de 1992, en el que actualmente dice que el Gobierno deberá decidir la asignación mensual de los miembros del Congreso. El parágrafo que propone añadir el senador dice que ese valor mensual solo podrá componerse de la asignación básica y gastos de representación. Este será de 25 salarios mínimos legales vigentes, es decir, 25 millones de pesos para el año en que entrara a regir la ley, si fuese aprobada tal cual.

Entonces, propone modificar otros puntos de esa ley, eliminando los gastos de salud, primas de localización, vivienda y transporte para la rama legislativa.

Y agrega la prohibición del otorgamiento de cualquier “monto, prima emolumento o reconocimiento económico permanente u ocasional” adicional al del nuevo parágrafo que busca incluir en el artículo 8.

Entonces, propone eliminar la dependencia de los salarios de la Nación con respecto al Congreso. Es decir, modificar el artículo 5 de esa ley en el que dice que ningún funcionario –excepto por el presidente, el cuerpo diplomático y el personal del Ministerio de Defensa en una comisión exterior– podrá ganar más al año que los miembros del Congreso. Hernández busca que ese salario no dependa más del de los legisladores.

Lo mismo pasa con el artículo 15, que se refiere en el mismo sentido al de los integrantes de las altas cortes, la Fiscalía, la Defensoría y la Registraduría, y Jota Pe pide desligarlos del salario de los congresistas.

Todo esto, si la ley pasara como está redactado el proyecto, le implicaría al Gobierno –según el articulado– tener que reglamentarla en máximos seis meses.

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