La Cuarta Via

Contratos de EPM en la mira de Fiscalía, Procuraduría y Contraloría

En la Cuarta Vía

Con la presencia de Carlos Felipe Córdoba Larrarte, contralor General de la República; y Fernando Carrillo Flórez, procurador General de la Nación, se realiza una audiencia de vigilancia preventiva a Hidroituango, en Medellín. “Se trata de una audiencia para ejercer vigilancia y seguimiento preventivo sobre los desarrollos de la obra, las decisiones adoptadas antes y después de la emergencia y las condiciones y afectaciones en relación con las comunidades y los recursos naturales”, explicó Carrillo. La comunidad podrá plantear sus preocupaciones, opiniones y sugerencias sobre la ejecución del proyecto.



A  la misma estuvieron los gobernadores y alcaldes de la Mojana, quienes estudian la posibilidad de una demanda a Empresa Publicas de Medellín EPM, estarán presentes también las Corporaciones Autónomas Regionales, quienes adelantan un diagnóstico sobre los impactos negativos que tiene la hidroeléctrica

El procurador señaló, además, que la situación de Hidroituango tiene que manejarse “con toda la experticia técnica” para esclarecer cuáles fueron las causas de la emergencia y poder tomar control sobre la situación. En ese sentido, dijo que se ha llamado la atención sobre la necesidad de tener claridad sobre el comportamiento río Cauca. “Hemos presentado varias solicitudes de análisis específicos de riesgos, del plan de emergencia y de contingencia”, dijo.

Asimismo, Carrillo aseguró que se ha solicitado a las Corporaciones Autónomas Regionales un diagnóstico de impacto sobre flora y fauna, tras la emergencia, a fin de “determinar la magnitud del daño y la forma de repararlo”.

En la audiencia, el Movimiento Ríos Vivos denunció irregularidades en el proyecto y pidió que no se niegue que la emergencia ocurrido. “Ha habido un aceleramiento de la erosión en el área de la Mojana Bolivarense de más de 23.000 hectáreas de afectación. El desabastecimiento de agua que están sufriendo las comunidades es tan delicado que tenemos corregimientos del municipio de Pinillos (Bolívar) que están totalmente desabastecidos”, denunció una de sus integrantes.



La Procuraduría abrió de oficio una investigación por presuntas irregularidades, en el control y vigilancia al proyecto, que habrían podido incidir en una contingencia social, económica y ambiental con posibles afectaciones a la población, fauna y flora en las zonas de influencias aguas abajo de la presa. A ella, se vinculó al gobernador, Luis Pérez Gutiérrez y el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Zuluaga; el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, y el exalcalde, Aníbal Gaviria Correa; el director de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Rodrigo Suárez Castaño; y los subdirectores de Evaluación y Seguimiento de la ANLA, Josefina Helena Sánchez Cuervo, y de Permisos y Trámites Ambientales, Carlos Alonso Rodríguez Pardo; el gerente de EPM, Jorge Londoño De la Cuesta y al exgerente, Juan Esteban Calle Restrepo; al exgerente del IDEA y exmiembro de la junta directiva de Hidroituango, Mauricio Tobón Franco; al vicepresidente Estratégico de Proyectos de Ingeniería y miembro de la junta directiva, Wilson Chinchilla Herrera, y a los particulares miembros de la junta, Alejandro Giraldo Cadavid y Jesús Arturo Aristizábal Guevara”.

En medio de la actuación de control excepcional que inició hace unos días la Contraloría General de la República, le contralor general, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, aseguró que se están adelantando rápidamente las investigaciones porque no se tolerarán posibles negligencias en las que se incurrieron en el proyecto Hidroituango.

El costo de Hidroituango, según la Contraloría General, se aproxima a los $11,5 billones de pesos, de los cuales, según la entidad, 38,23% (más de $4,3 billones) corresponden a recursos propios y 61,77% restante proviene de la deuda con banca multilateral, que equivale a casi 7,1 billones de pesos.

La bomba de la Fiscalía

EPM era la empresa que tenía menos experiencia, según un estudio de calificación de siete empresas, seis de ellas eran compañías extranjeras, así lo dio a conocer el fiscal general Néstor Humberto Martínez.

Por esos hechos, la Fiscalía decidió imputar cargos a Luis Guillermo Gómez gerente de Hidroituango y Luis Javier Vélez Duque gerente de EPM-Ituango, para la época de los hechos.

Martínez aseguró que en ese proceso se incurrió en los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.

Se citó a interrogatorio a Álvaro Villegas Moreno, Ana Cristina Moreno, Hugo Alejandro Mora, Juan Felipe Gaviria, Jesús Arturo Aristizábal, Maximiliano Valderrama, Luis Javier Vélez y Juan Esteban Calle. 

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