Uno de los proyectos que la comunidad pinteña creyó que iba a aportar al desarrollo del municipio fue la construcción de un gran polideportivo, hoy la realidad es otra y solo esperan que algún día se castiguen a los responsables de un tremendo elefante blanco en las narices de los habitantes de Santa Bárbara de Pinto y de las propias autoridades.
El Municipio de Santa Bárbara de Pinto-Magdalena, celebró el contrato No. SPP-LP- 003-2013 del 17 de diciembre de 2013, cuyo objeto es “Construcción primera etapa de un escenario deportivo en Santa Barbara de Plnto”, era alcaldesa Carmen Esther Acosta Marriaga.
Lo que empezó como un sueño termino siendo una pesadilla, por eso, la Contraloría General de la República, en febrero de 2019, encontró serias irregularidades en la ejecución del contrato de más de 821 millones de pesos.
La entidad abrió e proceso de responsabilidad fiscal, vinculando a varios actores vinculados a lo que hoy se considera un monumento a la corrupción.
La Contraloría encontró una obra totalmente abandonada, que no está cumpliendo con el fin por el cual fue aprobada en OCAD, siendo utilizada hoy como taller de soldadura, almacén de estructura metálica y parqueadero de vehículos, además el resto del predio ha sido invadido por habitantes del municipio.
Se evidencia deficiencias en la calidad de las obras y de procedimientos constructivos presentando las siguientes patologías, se pueden leer en los informes entregados por la Contraloría en su momento
Concluye que la obra presenta vulnerabilidad de la estructura construida, la mala calidad del concreto, colocando en riesgo los recursos invertidos, ya que la actividad construida no cumple con los preceptos técnicos estableados
Entre los presuntos responsables estaría Carmen Esther Acosta Marriaga, hoy aspirante nuevamente a la alcaldía, elegida por voto popular para el periodo comprendido entre los años 2012 a 2015.
A ella la vincularon como máxima autoridad administrativa, ordenadora del gasto y consecuentemente Gestora fiscal, que al administrar recursos públicos le correspondía la obligación de velar por la efectiva destinación de los mismos y al suscribir el contrato debió desarrollar actividades Jurídicas, económicas y tecnológicas tendientes a la debda y correcta administración del gasto, inversión y disposición de los recursos del proyecto, la mala ejecución y la falta de control por omisión de la alcaldesa, al parecer, generó un detrimento al patrimonio público en la suma de setecientos cuarenta y ocho millones ochocientos treinta y seis mil trescientos cincuenta y seis pesos ($748.836.356), se lee en el informe de la Contraloría.
Hoy los habitantes cuando se refieren a esta obra solo esperan que el castigo divino caiga sobre los responsables, y no justifican eta practica de corrupción en su municipio. Sobre resultados a estas investigaciones no se pudo determinar la finalidad de las mismas, solo el clamor de la gente para que se diga de una vez quienes fueron los responsables del detrimento público.
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