El alcalde, William Dau Chamat, presentó a través de un Facebook live, informe del Libro Blanco de Salvemos Juntos a Cartagena, un documento a través del cual informa a la ciudadanía y a los órganos de control, a través de un ejercicio de transparencia; las presuntas irregularidades encontradas y evidenciadas, producto del análisis de los informes finales de gestión de los funcionarios salientes, y lo evidenciado, por los secretarios, jefes de oficina y directores de entidades descentralizadas en el recibimiento de los cargos, durante los primeros tres meses de gobierno.
El objetivo de este ejercicio es darle a conocer a la ciudadanía, los organismos de control y la opinión pública, los hallazgos encontrados en este gobierno, que han minado la confianza de los cartageneros en la gestión de los servidores públicos y que presuntamente han causado un daño antijurídico contra el erario. Aunque también hubo una dura respuesta del exalcalde Pedrito Periera, la mayoría de sindicaciones son del año 2019, cuando el estuvo al frente de la alcaldía.
Por su parte, el mandatario Dau precisó que fue elegido por los cartageneros para combatir la corrupción y la pobreza, y que precisamente, esa corrupción se lleva el 70 por ciento del presupuesto, uno 1,2 billones al año. También destacó la concentración en contratación con las ESAL, que hacen de “todito”, una pensión adjudicada a una persona invidente, pero que en sus redes sociales se la ha visto montando a caballo y manejando moto.
El llamado Libro Blanco, derivado del Libro Azul del imperio británico, es reconocido históricamente como un documento gubernamental utilizado para informar a la opinión y a los órganos del poder público un tema o un problema, fijando directrices o estrategias encaminadas a resolver o afrontar la situación.
En esta primera fase se presentó el sector social, representado en las dependencias de: Fondo de Pensiones, IPCC, Ider, Dadis, Gestión del Riesgo, Familias en Acción, Secretaría de Participación Ciudadana, Secretaría de Educación, Plan de Emergencia Social, Corvivienda.
Lo hallado
La directora del Dadis, Johana Bueno, se refirió a que en el estado financiero de la entidad encontraron deudas por $285.247.762.455, un flujo de ingresos corrientes que no garantizan liquidez para el pago de obligaciones, algunas clínicas y hospitales presentaban cobros excesivos, duplicaciones en el código único de prestadores de servicios y procesos judiciales con embargos por un valor de 85.996.806.581.
Adicionalmente hallaron contratos sin liquidar con vigencia desde 2017 por el orden de los 35 mil millones de pesos, compras de 34 computadores que no se han podido utilizar al no poder acceder a sus licencias, lo que significa un detrimento de 30.445.049, y a eso se suma la pérdida de documentación que soportaba la sanción a una clínica de la ciudad.
Del Fondo de Pensiones se pagaron retroactivos pensionales a terceros bajo la figura de la cesión de crédito. En 39 casos giraron aproximadamente $8.000.000.000.
A 31 de diciembre de 2019 heredaron de la Secretaría de Educación obligaciones pendientes de pago por valor de $17.444.080.028. Aquí se incluye en su totalidad la nómina de diciembre pasado a docentes y a administrativos de las Instituciones Educativas del Distrito.
Fernando Abello, director de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cartagena (OAGRD), expuso dos casos de contrataciones con las denominadas Entidades Sin ánimo de Lucro (ESAL), que sumaron 1.748’587.588 millones de pesos en la vigencia 2019.
En total son 12 contratos, 7 suscritos con la Fundación Alinaho y 5 con la Cooperativa Multiactiva de Renovación.
En el caso de la Cooperativa Multiactiva, Abello Rubiano reveló que en la contratación efectuada con esa ESAL, 299 millones de pesos fueron suscritos en 4 contratos el mismo día.
Sobre la Fundación Alinaho, en la vigencia 2019 esta ESAL celebró contratos por cuantía de $1.304’173.578 millones. En la revisión encontraron que el 80% de los objetos contractuales son similares y complementarios a emergencia decretada a finales de 2018.
“En un mismo día del mes de marzo, esta ESAL firmó dos contratos por $91’200.000, mientras que en el mismo día de junio se ganó tres contratos por $1.138’997.078”, dijo el funcionario.
Al referirse a presuntas irregularidades en estos contratos mencionó la falta de publicaciones de los documentos contractuales en el SECOP, no hay evidencias de la entrega de los bienes contratados a los beneficiarios a pesar de haber sido recibidos por el Distrito, ni se evidencia la gestión de supervisión realizada en el contrato. El 80% de los contratos se adjudicaron en la misma fecha, agregó.
Se dejaron de cancelar beneficios económicos de 1.625 familias pertenecientes al último cuatrimestre del 2019, el cual fue necesario cancelarlo con recursos del 2020, por un valor de $902.400.000.
Armando Córdoba, secretario de Participación Ciudadana. Expuso que para la formulación de la Política Pública de Juntas de Acción comunal, el Distrito realizó convenio con la Corporación Señales de Humo por un valor de $218.000.000, de los cuales aportó $152.600.000, de los cuales no se presentaron informes de ejecución.
El Enlace Distrital de Familias en Acción, Edgar Arrieta, se refirió a la alta contratación de órdenes de prestación de servicios (OPS), alrededor de 186 durante el 2019, cifra que contrasta con los bajos indicadores en la gestión realizada.
Con dichas OPS el valor total contratado fue de $2.161.700.000, mientras que en la nueva administración de William Dau toda la operación se realiza con 33 OPS por un valor de $380.400.000.
Explicó que pese a que Cartagena cuenta con un cupo de 81.211 familias potenciales para inscribir en el programa, solo 72.206 están formalmente inscritas. “Lo más grave es que únicamente están recibiendo el incentivo 40.770”, dijo el funcionario, refiriéndose a cifras de noviembre pasado.
Es por esto que más de 31 mil familias inscritas no reciben el subsidio porque se encuentran en condición de retiradas o suspendidas.
En Corvivienda se detectaron presuntas irregularidades en el proceso de postulación de familias a subsidios de Vivienda de Interés Social durante el proceso y administración de la base de datos de los listados de los hogares ganadores del sorteo para la postulación de 1.800 subsidios de vivienda de interés prioritario del proyecto Ciudadela La Paz etapas 3, 4 y 5.
“Presuntamente, las personas administradoras de las bases de datos manipularon el sorteo para beneficiar a 172 personas inscritas, pero no ganadoras del sorteo, desplazando a los legítimamente ganadores”.
Otras presuntas inconsistencias fueron el que los inmuebles asignados a los beneficiarios del subsidio se encuentran habitados por personas distintas a los beneficiados o la vivienda fue asignada a múltiples beneficiarios.
A lo anterior se agregan dos casos de asignación de subsidios de vivienda a dos miembros de un mismo núcleo familiar; una para uso propio y otra arrendada.
Fuerte critica del exalcalde
En una carta abierta a la ciudad, el exalcalde Pedrito Pereira, respondió a los señalamientos de presunta corrupción que se habrían presentado durante su administración, señalados por el alcalde William Dau:
“Los firmantes de este documento reafirmamos nuestra disposición permanente de rendir cuentas sobre cada una de nuestras actuaciones públicas, especialmente las referidas a la evaluación de nuestras decisiones en el gobierno que lideró el alcalde encargado Pedrito Pereira Caballero, 14 meses, que incluyen parte de 2018 y todo el 2019. No evadimos el debate, no nos negamos a brindar toda la información requerida, por el contrario, más allá de los términos legales del empalme, en algunos casos inobservados por la administración entrante, ratificamos con hechos este espíritu de colaboración.”
“Con absoluta prudencia, quizás exagerada, observamos cada comunicación del actual gobierno referida al estado con el cual se recibió la administración. Nuestro talante democrático y el fin último de un buen gobierno para Cartagena nos inspiró para brindar a quienes nos sucedieron el tiempo y el ambiente necesario para encontrar el rumbo adecuado, rumbo que hoy se ve bastante esquivo fruto de la improvisación, la impreparación y la falta de carácter y madurez de quienes están al frente de las más altas responsabilidades distritales.”
Primera entrega del ‘Libro Blanco’ del Alcalde de Cartagena William Dau
“La ciudadanía ha conocido el denominado “libro blanco” que publica el señor alcalde, William Dau. Esta publicación carece de rigor técnico, desconoce principios elementales de la administración pública, se emitieron juicios absolutamente subjetivos, no se sostiene sobre cifras oficiales, realmente es un compendio de tergiversaciones y expresiones desafinadas que sólo revelan la incompetencia para afrontar los duros problemas de la ciudad.”
“El libro blanco tal y como ha sido consagrado históricamente, es un compendio que goza de una estructura metodológica, ligado a una política publica de gobierno que no pretende, buscar culpables y hacer acusaciones inescrupulosas, sino de determinar el estado real de una entidad o institución.”
“En el Gobierno liderado por William Dau, el Libro Blanco se constituyó en una herramienta política, con la finalidad de recuperar en algo la gobernabilidad perdida y cautivar el apoyo de incautos ciudadanos que se distraen con la lapidación pública de exfuncionarios que propone el gobierno, sin detenerse a examinar objetivamente cada cuestionamiento, todo esto mientras la ciudad tramita la mayor emergencia de su historia. Pan y circo al pueblo mientras perece!”
Tribunal Administrativo de Bolívar da razón a exalcalde Pereira sobre APP
“No vamos a caer en el juego propuesto en el Libro Blanco, no reconocemos en sus autores la competencia funcional para juzgar nuestras actuaciones, ratificada además por el alcalde actual que los ha catalogado de ‘primaparos’ e ‘inexpertos’, pero entonces si están capacitados para calificar a sus antecesores?”
“Es un atentado flagrante contra la dignidad humana, contra nuestra integridad y la de nuestras familias, esta innecesaria exposición mediática, sin haber sido vencidos en un juicio conforme a todas las garantías constitucionales y legales.”
“Los organismos de control, de conformidad con la Constitución y la ley, son los encargados de este análisis probatorio, una vez se presenten las denuncias respectivas.”
