El gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, responderá hoy a la Procuraduría General por presuntas irregularidades en el contrato para la realización de eventos y actividades artísticas en el municipio de Cravo Norte, por $570 millones de pesos.
El mandatario araucano firmó un contrato cuyo objeto era “apoyo a la difusión de la cultura, mediante la realización de eventos y actividades artísticas en el departamento de Arauca, evento cultural municipio de Cravo Norte”, al parecer sin tener en cuenta la situación de emergencia sanitaria decretada en Colombia por el covid-19, con lo que podría haber vulnerado el principio de planeación de la contratación estatal.
Para la Procuraduría, el gobernador podría haber desconocido o ignorado las herramientas legales para determinar la inconveniencia de celebrar el contrato, cuyo objeto no se relacionaba con la pandemia ocasionada por el virus covid-19, y por el contrario contemplaba la realización de un evento masivo que era de imposible ocurrencia durante los meses de marzo y abril, en razón a las medidas de cuarentena y aislamiento social adoptadas por el gobierno.
Se consideró la posible transgresión del principio de moralidad y eficacia de la función administrativa, toda vez que el objeto del contrato no era posible de ser ejecutado, como se evidenció en el acta de liquidación el 17 de abril de 2020.
Así mismo en otro cargo, la Procuraduría reprochó la presunta violación de los principios de transparencia que comporta el deber de selección objetiva y de responsabilidad de la contratación estatal al suscribir el contrato, no obstante que en el pliego de condiciones que rigió la licitación pública LP – 06-01-2020 se habrían estipulado cláusulas restrictivas y discriminatorias que limitaron la libre concurrencia de oferentes.
La Procuraduría calificó las presuntas faltas del investigado como gravísimas, a título de culpa gravísima, por desatención elemental de deberes.
