La Cuarta Via

Incumplimientos del Pacto Histórico

En la Cuarta Vía

POLITICAZOS. De Joaquín Romero Calle.

Mencionamos aquí, en pasada columna, el nacimiento de la lista de J Pé Hernández, congresista de Alianza Verde, quien quiere, que el Congreso de la República, recomponga, disminuyéndolas, las cifras de remuneración de los miembros de este Congreso. La lista, es para hacer figurar en ella, a aquellos miembros de Senado y Cámara, que se resisten a que esos cambios salariales y prestacionales, se den. Concretamente, en esa relación, estarán, quienes serán exhibidos como incumplidores de las promesas de campaña.

El malestar de J Pé, trascendió a medios de comunicación y uno de ellos -W Radio- emitió la idea de la lista y en función y por temor a ella, el solitario legislador, procura obtener el apoyo suficiente, para la viabilidad de su iniciativa parlamentaria. Esa actitud egoísta, indolente e insolidaria es frecuente en el ambiente social colombiano, aún, en preclaros hombres de la llamada izquierda. No nos engañemos. Esto de Petro, es un experimento, que ojalá camine, así sea, con especie de chantajes morales positivos, como este reseñado aquí.

Para justificar sus renuencias, a devengar salarios y prestaciones, más ajustados a la realidad económica del país y del sistema productivo y laboral nuestro, los gallardos padres de la patria, que marchan por el no, han aludido principios claves y fundamentales en derechos universales del trabajador, tales como los derechos adquiridos y la prohibición de rebaja de salarios y prestaciones; invocaciones, que, a nuestro juicio, son enteramente erradas. Hasta el elemento ético del conflicto de interés, lo pregonan, como presente.

Según la Constitución Política de Colombia, el Congreso de la República, a través de la ley, faculta al Gobierno Nacional, para fijar el régimen salarial y prestacional de los miembros del Congreso Nacional, dentro del marco de norma general, que trace el mismo Congreso. O sea, la liquidación o realización de la fórmula matemática que señale la ley, que será, por lo tanto, la fijación de la remuneración de los congresistas, corre a cargo del Ejecutivo, es decir, Jefe de la Administración Pública o Presidente de la República.

En este caso, el privilegio del derecho adquirido, se cimienta en la fórmula matemática contenida en la ley, para la liquidación y la prohibición de disminuir la remuneración, está dirigida entonces, al Presidente de la  República, que no puede asignar suma inferior a la que resulte de la liquidación según los factores matemáticos que exprese la misma ley.

Así las cosas, tampoco surge conflicto de interés, pues, éste, consiste, en que la discusión o votación de un proyecto de ley o acto legislativo o artículo, resulte en beneficio particular, actual y directo a favor del congresista. Lo particular, actual y directo, poseen definiciones legales. Y rebajar el salario, con la eliminación de alguna prima, es contrario a beneficio, por lo cual, no habrá ahí, jamás, configuración de conflicto de interés.

Quiere decir, que el mismo legislador, ha descrito, en que consisten estos adjetivos y cómo surgen, en el trámite de la creación de las leyes. Frente a esto, es claro e indiscutible, la ausencia del tal conflicto, pues, lo salarial y prestacional, en su objetivación material, es competencia delegada y exclusiva del Presidente de la República.

En materia laboral, el derecho adquirido, se forja con estipulaciones de ley, complementadas con requisitos físicos o materiales, por cuenta del trabajador, que ella misma imponga. El derecho adquirido, opera entonces, como garantía y título de la ley, para el trabajador, frente a decisiones del empleador. Sin embargo, el contrato de trabajo entre particulares, puede ser revisado en contra intereses y derechos del trabajador, cuando sobrevengan graves alteraciones de la normalidad económica.

Para el tema laboral, en ámbito de miembros del Congreso, la ley, es la génesis del derecho. Y la ley, la elabora el Congreso. Y el Congreso, son ellos, los congresistas. Y no hay viso de irregularidad alguna, ¿por qué, no es legítimo, el recorte de la remuneración actual?, como afirman oficialmente, algunos, en sesiones del Congreso

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