Viernes 19 Octubre 2018

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, reveló que en el año 2017 fueron judicializadas 1.450 personas entre funcionarios públicos y contratistas del Estado, por estar implicados en graves hechos de corrupción en el país.

De acuerdo con el informe de los investigadores, los contratos públicos que estuvieron en juego por estos hechos de corrupción en Colombia comprometieron recursos del Estado por cerca de 3 billones de pesos.

El fiscal Martínez advirtió que con los recursos defraudados en estos escándalos de corrupción en 2017 se habrían podido construir más de 500 hospitales a lo largo del territorio nacional.

Entre esos escándalos tenemos:

Odebrecht

Se conoció en el mes de febrero que la constructora brasilera habría pagado US $4.6 millones en coimas a funcionarios públicos a cambio de contratos de infraestructura en Colombia. Se trata del escándalo más grande vivido en la Corte Suprema de Justicia. Aún es materia de investigación la relación de magistrados y abogados para incidir en las decisiones judiciales del alto tribunal.

Luis Antonio Bueno, expresidente de Odebrecht en Colombia, fue una persona clave para los avances de la investigación en Estados Unidos. Dio información detallada de los funcionamientos de la empresa brasilera en Colombia. Según declaró a las autoridades, las intenciones de Odebrecht eran tan ambiciosas, que pretendían quedarse con todos los proyectos de APP o por concesión que se estaban realizando en el país.

Asimismo, el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno vinculó en este escándalo a los expresidentes del alto tribunal Francisco Ricaurte, Leónidas Bustos y Camilo Tarquino. Dentro de los mencionados también están los magistrados Gustavo Malo y Camilo Ruiz. Igualmente hay más de 30 vinculados a esta investigación, entre los cuales, al menos hay 20 senadores.

Cartel de la Toga

Es el escándalo de corrupción de la Corte Suprema de Justicia donde se ha evidenciado la existencia de una supuesta red de corrupción dentro del alto tribunal que involucra a magistrados y a congresistas. Todo un entramado criminal que operaba sistemáticamente para lograr desviar las decisiones judiciales a cambio de multimillonarias sumas de dinero.

Musa Besaile, es uno de los congresistas más votados de Colombia, afirmó que pagó 2 mil millones de pesos para evitar ser capturado. El congresista tiene un proceso por parapolítica que lleva nueve años archivado en la Corte Suprema y gracias a su testimonio se puede saber que el pago de ese dinero ha producido el retroceso de la justicia en su caso.

Otro pago fue del senador Hernán Andrade, de 2.300 millones y recibió como premio la ratificación como presidente del Partido Conservador.

El saqueo en Reficar

El saqueo a la refinería de Cartagena ha sido uno de los mayores golpes fiscales de los últimos tiempos. La Contraloría tasa en 24 billones de pesos lo perdido en este proyecto.

"El tema de Reficar es un tema de más de ocho mil millones de dólares; pasa de más de 24 billones de pesos. Estamos haciendo la relación y el trabajo de declaraciones de las personas que hemos vinculado al proceso", explicó el contralor Edgardo Maya.

El negocio de la alimentación escolar

“Desde el punto de vista social hay dos aspectos muy sensibles que es el tema de la salud y de la alimentación escolar (...) la alimentación escolar son ocho millones de niños de los estratos más bajos que se benefician con este tema”, dice Maya.

“El tráfico con los contratos de programas de alimentación escolar lacera el alma social de la nación porque las víctimas son las más vulnerables: los niños, a quienes les han robado recursos por 142.000 millones de pesos”, añadió el funcionario.

Los cobros de Electricaribe

Los servicios públicos también fueron blanco de irregularidades, como lo demuestran los 600.000 millones cobrados de más por Electricaribe a sus usuarios.

"Hay un tema de una gran región que es el tema de Electricaribe, que son diez millones de colombianos, en donde hay una crisis que ha obligado al Gobierno a intervenir la concesión que hizo del sistema eléctrico de los departamentos de la costa Atlántica".

Manantial de corrupción en Bucaramanga

Duros cuestionamientos por la investigación denominada Manantial de Amor que llevó inicialmente a la captura de 10 personas, entre ellas el exalcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Bohorquez, a quien un Juez le dictó medida de aseguramiento.

Para algunos la degradación que se está viviendo en lo público es grave y más aún cuando se utilizan iglesias cristianas para el cometido, porque según la Fiscalía, el exmandatario utilizó personas del templo para crear empresas ficticias y a través de ellas otorgarles contratos.

Sergio Toledo, coordinador de la veeduría la Lupa, indicó que las denuncias que se interpusieron en su momento hasta ahora están empezando a dar resultados.

En total, fueron cinco empresas creadas y con las cuales, en el momento de asumir el mandato Luis Francisco Bohórquez, se comenzaron a realizar varios contratos para obras de reparación de parques, de instalaciones eléctricas y podas en áreas públicas, entre otros servicios.

La contratación ascendió a $15 mil millones.

Millonario desfalco en Buenaventura

Con la captura de 12 personas el pasado 18 de diciembre, vinculadas al millonario desfalco a dos cuentas de la alcaldía de Buenaventura, la polémica no dio espera y se le exige a la Fiscalía aplique todo el peso de la ley.

El robo de más de 4 mil millones de pesos a dos cuentas de la administración distrital de Buenaventura del banco Av Villas ocurridas el pasado mes de agosto del presente año, generó indignación en la población puesto que dicho dinero estaba estipulado para aplicarlo en diversos proyectos que van en beneficio a la ciudad.

Desde aquel entonces, la Fiscalía General de la Nación, no paró de indagar tanto a los funcionarios de la alcaldía local como a las directivas de la entidad bancaria antes mencionada, todo con el fin de esclarecer este hecho que originó múltiples señalamientos e improperios contra el alcalde de los bonaverenses.

Después de las primeras capturas en cuatro departamentos del país que el ente Fiscal halló como responsables del hurto, Wilber Valencia, director financiero de la administración local, manifestó que desde un principio se le pidió al banco responder por el monto total robado.

Así mismo, indicó que estarán prestos a brindar la información necesaria para que el tema de desfalco sea aclarado.

Por ahora, se espera que las investigaciones por parte de la Fiscalía avancen de manera positiva y se dé con cinco responsables más de este caso que marcó la historia del distrito a nivel nacional.

El cartel de la hemofilia defalcó $42 mil millones en Córdoba

Ciudadanos comparan el escándalo de corrupción del cartel de la hemofilia que desangró la salud en Córdoba con los daños ocasionados por grupo ilegales.

“Los corruptos que se enriquecieron con la hemofilia en Córdoba han hecho más daño que la guerrilla porque utilizaron el engaño como artimaña”, expresaron ciudadanos.

Las investigaciones de la Fiscalía revelaron que muchos de los pacientes beneficiados con los pagos y suministro del medicamento NO POS denominado Factor VIII no sufrían la enfermedad hemofilia y otros que sí lo padecían no tenían acceso a los medicamentos, ni recibieron oportuno tratamiento.

Se logró probar que se aumentó el número de pacientes en Córdoba supuestamente con hemofilia en contra de las estadísticas que llevan las autoridades nacionales de salud provocando la malversación de 42.000 mil millones de pesos.

Por estos hechos fueron privados de la libertad los exsecretarios de Salud de la Gobernación de Córdoba, Alfredo Aruachán Narváez, Alexis Gaines Acuña y Edwin Preciado Lorduy. Además, Juan David Chejne, médico auditor, Rubén Darío Guerra, Guillermo Pérez Ardila, Adalberto Carrascal y Marcela Sofía Suárez Ardila.

Cabe recordar que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Montería condenó a Alfredo Ceballos Blanco, excoordinador del programa ampliado de inmunización de la secretaría de Salud, quien deberá pagar 8 años de cárcel.

El exfuncionario es el primer condenado por el cartel de la hemofilia y le imputaron los delitos de peculado por apropiación agravado en concurso con falsedad ideológica en documento público.

Cartel de Síndrome de Down

Este escándalo se conoció en enero y también fue protagonizado por los gobernantes en Córdoba. La investigación apuntó a Ana Karina Elías, esposa del ex secretario de salud Alfredo Aruachán, preso por el cartel de la hemofilia, y prima del senador Bernardo Elías.

Elías sería la cabeza visible de la IPS Unidad Integral de Terapias de la Costa, a la cual les habrían pagado cerca de 10 mil millones de pesos en supuestas terapias de neurodesarrollo a niños que no padecían la enfermedad. La misma investigación revela que la representante legal de la misma IPS sería la cabeza, era Diana Carolina Spath Espinosa, prima de Sami Spath Storino, abogado y asesor jurídico de la administración de Alejandro Lyons.

Pese a que inicialmente se pagaba dos millones de pesos por cada niño con síndrome de Down, con la aparición de la IPS señalada los pagos se elevaron a cinco millones de pesos por cada uno

Cartel del Ganado

En febrero, 17 sociedades fueron multadas por acordar cobrarles una comisión adicional a los que compraban ganado en subastas públicas, con lo que violaron la libre competencia. La sanción ascendió a casi 3.000 millones de pesos.

Cartel de la tubería de concreto para alcantarillado –

En mayo, la Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos contra American Pipe, Manufacturas de Cemento Titán y Tubox, por violaciones a la libre competencia económica.

Según la entidad, estas tres empresas conformaron un cartel empresarial “para la fijación artificial de los precios de los tubos de concreto para alcantarillado; y el segundo cargo, por haber presuntamente conformado un cartel empresarial para repartirse los potenciales clientes, y así dejar de competir por más de una década 2004 – 2014.

Cartel del Cemento

Pese a que la Superintendencia de Industria y Comercio comenzó la investigación en 2012, este año Argos, Cemex y Holcim fueron multadas con más de 200.000 millones de pesos porque habrían incurrido en prácticas de competencia desleal.

Según los datos de la entidad, las tres empresas habrían acordado fijar los precios del cemento gris y pactado acuerdos para la repartición del mercado.

Los directivos de las empresas rechazaron las acusaciones, y aseguraron que no incumplieron las reglas. La investigación está en curso.

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