Sábado 22 Septiembre 2018

De los 52 kilómetros que se adjudicaron en 2013, solo se construiría el 30%. Una serie de líos jurídicos por supuestas irregularidades volvieron trizas el sueño.

Este contrato fue asignado el 12 de agosto de 2013, mediante una licitación pública, al Consorcio Ribera Este integrado por las empresas barranquilleras Compañía de Ingeniería y Servicios-COINSES S.A, Consultores para el Desarrollo, Constructora F.G. S.A, y la española Assignia Infraestructura S.A, Sucursal Colombia, todas, firmas con probada experticia que tendrían que ejecutar un presupuesto de $466.000 millones, de los cuales $ 200.000 millones saldrían de las regalías del Magdalena y el resto del presupuesto del Ministerio de Transporte y del Invias.

La gobernación del Magdalena era la encargada de la asignación del proyecto y el Ministerio de Transporte, bajo la dirección de Cecilia Álvarez, tendría que escoger una firma para que le realizara la interventoría de la obra.

Previo a la asignación del contrato la Cecilia Álvarez se mostró entusiasmada, aprobó los pliegos de la licitación, pero después de un tiempo su concepto comenzó a cambiar cuando se conoció el nombre del ganador de la licitación, el consorcio Ribera Este. Álvarez se tranzó en una guerra desde los micrófonos de La W y las páginas de El Tiempo con el único fin de desprestigiar al entonces gobernador Luis Miguel Cotes y a los contratistas que no fueron de su agrado. Por más que quisiera Cecilia Álvarez no podía ocultar su doble agenda. Fue toda una embestida mediática y judicial con supuestos argumentos técnicos que nunca fueron claros ni contundentes.

Acto seguido el INVIAS, bajo órdenes de la Ministra, interpuso una acción de tutela en el juzgado 34 civil del circuito de Bogotá con el único propósito de echar para atrás la adjudicación de la obra. El recurso fue interpuesto el 12 de agosto de 2013 en horas de la tarde y entrada la noche el juzgado ya había tomado una decisión en favor del Ministerio de Transporte. El consorcio Ribera Este y la gobernación fueron notificados en tiempo exprés y el 13 de agosto ya había sido suspendida la adjudicación de la Vía de la Prosperidad

La gobernación del Magdalena y los contratistas apelaron la decisión pero extrañamente la tutela, que no comprometía derechos fundamentales, fue escogida por la Corte Constitucional entre las millones de solicitudes que llegan al alto tribunal en casos que si comprometen los derechos fundamentales como la vida, la salud u otros de mayor importancia y competencia de la Corte Constitucional.

Y es que el sueño se convirtió en pesadilla desde enero de 2014, cuando la Corte Constitucional ordenó que se suspendiera hasta que se resolviera una tutela presentada por el Ministerio de Transporte, ante las posibles irregularidades en el contrato de adjudicación de la obra al consorcio Ribera Este, por parte de la Gobernación del Magdalena.

Dos años más tarde el fallo fue a favor de la gobernación del Magdalena y se ordenó la reanudación de la obra.

Luego del calvario jurídico, en 2015 se inició la construcción, sin embargo los problemas y los retrasos no terminarían. La Contraloría realizó una auditoría e identificó seis graves hallazgos, pero principalmente uno que derivó en un millonario detrimento patrimonial para la nación.    

“Se establece que se necesita el doble de material pero con un costo de transporte ocho veces más alto, porque tampoco revisan las fuentes de materiales (...) la diferencia de precio de transporte entre las canteras que efectivamente se usaron, y las canteras que debieron haber usado es lo que constituye este presunto hallazgo fiscal. La diferencia de precio para el año 2016 que es cuando se hace el primer hallazgo es de 32.616 millones de pesos", dice Julián Eduardo Polanía, contralor delegado sector infraestructura.

El contrato vencía el 13 de noviembre de 2017, hasta ese momento apenas se habían terminado 3 kilómetros de la vía y ya se había impuesto una multa al contratista por más de 15 mil millones de pesos, y aunque se pretendía declarar la caducidad del contrato, finalmente se logró un acuerdo con la gobernación y con el consorcio Ribera Este.  

Pero las sorpresas no terminaron. Aunque el nivel central de la Contraloría envió el resultado de la auditoría al Magdalena para que la regional continuará con la indagación por el presunto detrimento patrimonial superior a los 32.600 millones de pesos, el proceso allí se frenó.        

"Las personas que están a cargo en su momento de la investigación determinan que no hay información suficiente y determinan que la indagación preliminar se debe archivar", señaló Polanía.

Las sospechas de corrupción empezaron a aparecer, ahora dentro del propio órgano de control fiscal, y por eso el contralor Edgardo Maya declaró insubsistente a Carlos Cabas Rodgers, gerente regional de la Contraloría en el Magdalena, y traslado el proceso para Bogotá.

Mientras tanto el compromiso del consorcio Ribera Este es terminar los 18 kilómetros que debería entregar en julio de este año.

Hasta ahora van 9 construidos y aunque parece que esta vez sí cumplirán para llegar hasta el kilómetro 18, los restantes 34 para completar los 52 de la vía, clave para el desarrollo en el Caribe, aún se encuentran en el limbo.

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