Después de varios meses de investigación miembros de la Fiscalía junto con la Policía lograron dar con la captura de ocho personas entre los que se encuentra el gerente del Banco Agrario del municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, Edward Alonso Vega, ya que al parecer hacen parte de una banda denominada “Los Tierreros” y que se dedican a la explotación ilícita del oro.
Entre los detenidos también se encuentran Leonidas Navarrete Palacios, señalado de ser el principal articulador de “Los Tierreros”, su hijo Pedro Navarrete y para lograr estos resultados la Fiscalía informó que fue intervenida una mina conocida como El Nogal, en la vereda los Caguises, zona rural del municipio de Simití, y varias diligencias de allanamientos en las veredas San Luis y Las Ahuyamas, y en las zonas urbanas de San Pablo y Santa Rosa.
En los allanamientos fueron incautados 6 computadores, 2.230 sobres con datos de registro de barequeros, 7 celulares y 21 libros contables.
En las pesquisas se logró establecer que estas personas serían las encargadas de arrasar con los recursos naturales en inmediaciones de las ciénagas El Popal y Simití, en el sur de Bolívar, para avanzar en la agresiva extracción de oro.
El material probatorio da cuenta de que esta organización sacaba entre 400 y 500 gramos de mineral semanalmente, y los trasladaba hasta una comercializadora en Santa Rosa (Bolívar). Para tratar de ocultar el verdadero origen de la producción y respaldar la venta, supuestamente, recurrían a diferentes maniobras.
En algunos casos, al parecer, contactaban barequeros en diferentes regiones del país y les pagaban cerca de $120.000 para que les permitieran usar sus documentos y autorizaciones para explotar yacimientos mineros. De esta manera, a nombre de otras personas y con una aparente fachada de legalidad continuaban con la actividad criminal.
Por todo estos una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los capturados los delitos de concierto para delinquir, daño en los recursos naturales, contaminación ambiental por explotación ilícita de yacimientos, invasión de área de especial importancia ecológica, explotación ilícita de yacimientos mineros y receptación.
Ante la contundencia de los elementos presentados, los procesados aceptaron cargos. El juez de control de garantías les impuso medidas no privativas de la libertad con múltiples restricciones y compromisos como no retornar a los territorios afectados por la minería ilegal que ejercieron, poner a disposición de las autoridades administrativas la maquinaria pesada, cumplir jornadas de reforestación en las áreas aledañas a las ciénagas golpeadas por la extracción de oro y atender las citaciones judiciales.
