El pasado 24 de abril se adjudicó, por parte de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar, el contrato para realizar la consultoría para la formulación del plan de ordenación forestal en la jurisdicción de la CSB.
Se busca proponer unas líneas de planeación de los usos y lineamientos de manejo para la preservación, restauración y uso sostenible de los recursos forestales en la jurisdicción de la CSB. Problema que se hace evidente en el proceso masivo de deforestación en la serranía de San Lucas.
Específicamente en la serranía de San Lucas, en las unidades de paisaje Montaña, Lomerío, Piedemonte y Valle; es una extensión estimada de 1.152.688 ha, correspondiente al 59% del territorio de la CSB, en jurisdicción de diecinueve municipios, a saber: Achí, Altos del Rosario, Arenal, Barranco de Loba, Cantagallo, El Peñón, Hatillo de Loba, Montecristo, Morales, Norosí, Pinillos, Ríoviejo, Regidor, San Jacinto del Cauca, San Martín de Loba, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití y Tiquisio (Puerto Rico).
El otro aspecto importante a analizar en la serranía de San Lucas es la gran controversia que existe en la región debido a que esta zona estratégica es la producción hídrica para diferentes cuencas que abastecen los municipios y veredas; pero en ella se localizan 307 títulos mineros (información a 2014) y 1282 bocaminas; estas últimas realizan una explotación del oro de manera ilegal, sin técnicas adecuadas de tal forma que esta actividad ha venido causando impacto en el suelo, en el recurso hídirico, en la geomorfología, en la producción ictica y en la fragmentación de los bosques. Sin embargo, la ordenación deberá proponer una zonificación ambiental, un sistema de información geográfica unos cupos de aprovechamiento forestal, unas áreas restringidas para actividades económicas insostenibles y áreas para manejo silvicultura.
Otro aspecto importante en este ecosistema es la presencia de grupos armados ilegales que a veces hace imposible realizar e implementar estas estrategias con el fin de preservar, conservar los ecosistemas forestales.
El contrato fue adjudicado a la empresa Unión Temporal POF– sur de bolívar conformado por: Inversiones CBC S.A.S y Gestión y Control Ambiental S.A.S, ambas de Santa Marta. Representada legalmente por Carlos Rafel Barrios Corrales. Tiene un valor de 2 mil 813 millones 43 mil 380 pesos, el plazo de ejecución es de 10 meses
