La Cuarta Via

Los “desacuerdos y los de acuerdo” con la JEP, conozca los puntos de la discordia

En la Cuarta Vía

La ley estatutaria de la JEP, llegó a las manos del presidente Duque, con lo que se abrió el debate y el dilema de si sancionar o no, esta norma, clave para el acuerdo de paz con las Farc y para el funcionamiento de la Justicia Transicional.

Desde el centro democrático, partido de gobierno, le han pedido al jefe de estado, revisar algunos puntos, que podrían llevar a que algunos delitos queden en la impunidad o con penas irrisorias. Lo que más le preocupa al uribismo, es el juzgamiento de los delitos sexuales contra los menores, cometidos en el marco del conflicto.

Por otro lado, varios sectores defensores de lo pactado en la Habana, han acusado al gobierno de estar dilatando la entrada en vigencia de esta ley estatutaria.

Edward Rodriguez, representante a la Cámara del Centro Democrático, afirmó en un Facebook Live de El Tiempo, que los hechos que se han presentado hasta el momento de funcionamiento de la JEP no demuestran su efectividad ni brindan confianza a las víctimas y a los ciudadanos.

Por otro lado Juanita Goebertus, representante de Alianza Verde y exdelegada de paz expresó que el tiempo que lleva esta institución no es el suficiente para juzgar su funcionamiento. “Hay que dar espacios de tiempo. La JEP recién se creó, no podemos decir si funciona o no en tan solo un año. Justicia y Paz, se demoró 4 años para hacerlo”.

El presidente, tendrá hasta el 11 de marzo para decidir si sanciona o no la ley que legitimará la Justicia Especial para la Paz. Si no, quedará sujeta a la aprobación del Congreso de la República.

Pero revisemos los puntos más álgidos sobre los que están en desacuerdo y los que promueven su sanción presidencial.

Por la objeción presidencial

Básicamente lo puntos de los que están en desacuerdo los resumió el Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez así:

  • Los reinsertados que sigan en narcotráfico pueden conservar beneficios de la JEP y la Fiscalía no los podrá investigar.

En este caso, dijo el Fiscal, la JEP solo es competente para conocer delitos antes del 1 de diciembre del 2016, pero en el texto de la ley quedó que la JEP puede conocer sobre delitos de ejecución permanente que hubieren comenzado antes del 1 de diciembre del 2016.

“Esto significa algo muy delicado. No es conflicto de competencias, es que si queda en cabeza de la JEP la perpetuación del narcotráfico, los reinsertados quedan con beneficios. Eso es contrario a la razón y altamente inconveniente”, dijo Martínez.

  • Una supuesta concurrencia con beneficios de la justicia transicional que tendría los reincidentes. En caso de que vuelvan a cometer delitos, “la sociedad no entendería que tengan privilegios de penas, no tengan tratamiento penitenciario ni extradición”.

“Nosotros consideramos que el principio de no repetición es absoluto. No es solo dejar las armas”, dijo Martínez.

En el texto, alega el fiscal, se dispuso que quienes incurran en nuevos delitos dolosos (homicidio, narcotráfico, secuestro…) perderán todos los beneficios.

“Desafortunadamente este principio fue declarado parcialmente inexequible y se suprimió la expresión ‘todos los beneficios’, con lo cual quienes incidan en esos delitos continuarán con beneficios y se le da a la JEP la facultad de revisar esos beneficios de acuerdo con su libre albedrío”, dijo Martínez.

la JEP tendrá que revisar esos beneficios con criterios de proporcionalidad respecto al incumplimiento. A juicio de la Fiscalía quienes comentan homicidios, extorsión o narcotráfico deberían tener otro tratamiento y no mezclarse con el régimen transicional.

  • Este tercer reparo tiene que ver con la competencia para investigar los delitos relacionados con el conflicto. El fiscal dice que aún hoy en día las Fiscalía seguirá investigándolos hasta que la JEP no emita resolución de conclusiones, que es un auto después de escuchar las versiones voluntarias de los comparecientes sobre los macrocaso que abra. Sin embargo, agrega esa resolución de conclusiones “no han pasado todavía y aún tomarán tiempo”.

Para el fiscal había quedado claro que los delitos del conflicto siguen siendo investigados por la Fiscalía y no por la JEP. “Para el caso de investigaciones en curso, existía la preocupación de la Farc de que la Fiscalía los siguiera citando a exguerrilleros a diligencias”.

Agrega que en el artículo 79 literal J, que la Fiscalía podía seguir avanzando en investigaciones y diligencias pero lo que no podía era pedir órdenes de captura.

“Este artículo fue declarado constitucional pero sujeto a una condición. Que la Fiscalía puede continuar las investigaciones pero no podrá ordenar citación a diligencias. ¿Cómo vamos a continuar con las investigaciones si no podemos citar a interrogatorios, diligencias ante jueces de garantías? La investigación quedaría prácticamente eunuca (sic)”, recalcó el Fiscal, quien dijo que esto es un gran riesgo y altamente inconveniente.

  • En cuarto lugar, Martínez argumentó que Colombia suscribió varios tratados internacionales sobre derechos humanos, “y por esa supremacía y los deberes que tiene Colombia para perseguir los graves crímenes de guerra, no es posible que se otorgue amnistía alguna a los responsables de esos graves crímenes”, dijo el Fiscal.

Para la Fiscalía, la Justicia transicional no puede dar lugar a que queden impunes los crímenes de guerra y un artículo dice que en ningún caso podía suspenderse la acción penal cuando se trate de crímenes de guerra, artículo que fue condicionado a que esos crímenes de lesa humanidad podían ser atribuidos a los máximos responsables.

  • Otro de los puntos lo presentó la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, han dicho que se requieren cambios en el proceso de extradición para quienes acuden a la JEP (se manifestó explícitamente en el caso de Jesús Santrich) y que debería existir una sala especial de juzgamiento para militares. El Centro Democrático presentó un proyecto en este sentido, que terminó hundido el semestre pasado.

Por la sanción presidencial

Para los defensores de la JEP objetar el Proyecto de Ley, sería favorecer la impunidad y pondría en entredicho el compromiso del Gobierno con la construcción de la paz y con el cumplimiento de las obligaciones internacionales de investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de las graves violaciones a los derechos humanos.

“La sanción breve del Proyecto de Ley plantearía a la sociedad colombiana la posibilidad histórica de hacer justicia, esclarecer la verdad, reparar a las víctimas y, sobre todo, de facilitar la adopción de garantías de no repetición sobre aquellas conductas ocurridas en el marco o con ocasión del conflicto armado. Además, sería un mensaje claro encaminado a la resignificación de las relaciones entre el Gobierno Nacional y las víctimas de crímenes de Estado”

Sobre los puntos presentados por el Fiscal General los defensores expresan lo siguiente:

  • Los Acuerdos ya tienen revisión de constitucionalidad, están vigentes y deben ser cumplidos

La Corte Constitucional ya resolvió qué pasa con los delitos de ejecución permanente:

1. Los delitos que iniciaron antes del 1/12/16 se quedan en la JEP;

2. Si hay reincidencia, la JEP abre incidente de incumplimiento; y

3. Los delitos posteriores van a la justicia ordinaria.

La Corte Constitucional ya resolvió qué le pasa a quienes reinciden:

1. La JEP le quita los beneficios a quienes vuelven a delinquir, no dicen la verdad y no reparan; y

2. La JEP le reduce gradualmente los beneficios a quienes solo cumplen algunas de las condiciones.

La Corte Constitucional y la Corte Suprema ya resolvieron la relación entre la Fiscalía y la JEP:

1. La Fiscalía puede investigar y decretar pruebas hasta la resolución de la JEP; y

2. La Fiscalía GN no puede capturar, determinar responsabilidades, ni citar a diligencias.

La Corte Constitucional ya falló que SÍ es posible concentrar la acción penal en los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos.

Investigar hecho a hecho, caso a caso genera impunidad.

Para eso fue el Marco Jurídico para la paz de 2011 que la Corte Penal Internacional avaló.

  • Por otro lado la comunidad internacional ha apoyado decididamente el sistema de la JEP, el presidente no podría incumplir los compromisos

En su reciente visita a Colombia, el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, le reiteró al presidente Iván Duque el compromiso de su país como garante del acuerdo final con las Farc, en particular en lo concerniente a la justicia transicional. Lo mismo hizo el príncipe noruego Haakon Magnus, quien luego de reunirse con varias víctimas del conflicto, felicitó al presidente Duque por el trabajo de la JEP y de la Comisión de la Verdad.

El propio gobierno de Duque se ha encargado de reforzar ante el resto del mundo su compromiso con la paz. A finales del año pasado, el mandatario y su canciller, Carlos Holmes Trujillo, reiteraron ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas su compromiso con la implementación del acuerdo.

  • Objetar la estatutaria, en parte, significaría ponerles conejo a esos reincorporados que creyeron en el acuerdo de paz, pero también a miles de militares (1.914 hasta el momento), que quieren entrar a hacer parte de la justicia transicional y que están a la espera de amnistía en procesos puntuales, a cambio de comprometerse a contar la verdad sobre su eventual participación en delitos relacionados con el conflicto armado.

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