El diario El Tiempo publicó una entrevista con el dirigente de la izquierda y ex alcalde de Magangué Marcelo Torres Benavides, quien se encuentra retenido esperando el llamado a juicio, mientras lleva más de un año siete meses recluido en la Picota de Bogotá, y a quien en varias oportunidades le han negado el beneficio de reclusión domiciliaria.
A continuación, el texto completo de la entrevista, publicamos por considerar de interés general:
Llevo 1 año y 7 meses en la cárcel y no tengo garantías: Torres
Marcelo Torres, exalcalde de Magangué, está esperando a que se resuelva su situación judicial.
Marcelo Torres, el septuagenario líder de la izquierda colombiana, cumple ya un año y siete meces en la cárcel, acusado de haber cometido delitos de corrupción cuando fue Alcalde de Magangué (Bolívar) entre 2012 y 2015.
Torres, quien hace política desde hace más de 50 años, fue uno de los fundadores del Moir y siempre se caracterizó por ser un opositor sistemático de todos los gobiernos, asegura que los hechos que se le imputan responden a una persecución de sus enemigos políticos. Incluso, dice que la Fiscalía General forma parte de esa supuesta conspiración en su contra.
Desde la prisión, donde espera el juicio y poder volver a compartir con su hijo de apenas 7 años, Marcelo Torres respondió interrogantes de EL TIEMPO.
¿Por qué está usted en la cárcel?
En la mañana del 3 de octubre de 2017, acudí al bunker de la Fiscalía en Bogotá a una diligencia a la que fui citado por la Fiscalía. Se trataba de un proceso penal en el cual fui denunciante por la falsificación de mi firma, que apareció en un espurio contrato durante mi alcaldía. Allí se me notificó que tenía una “anotación” a mi nombre y que por tal motivo se procedía a mi captura inmediata. Ese mismo día se me trasladó, vía aérea, al municipio de Magangué. Habiéndoseme citado por una razón, se me había detenido por otra. Fue evidente que se me había tendido una trampa.
La orden de captura en mi contra, como exalcalde de Magangué, había sido expedida a finales de agosto de 2017, a solicitud del Fiscal 24 de la seccional Magangué, Gustavo de la Ossa, por la Juez 2 del municipio de San Juan de Nepomuceno (Bolívar), sindicándome de presunto autor de los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.
Es de anotar que, aunque el fiscal del caso pertenece a la seccional del municipio de Magangué, solicitó la orden de captura a juez de otro municipio, San Juan de Nepomuceno, lo cual, aun cuando era un procedimiento legal no deja de ser curioso.
Los ilícitos de que se me sindica se habrían cometido, según la orden de captura, en el curso del convenio de asociación entre el municipio de Magangué y la Cooperativa Comulsalud, cuyo objeto fue “aunar esfuerzos para la intervención y complementación nutricional en población prioritaria, focalizada en los niveles 1 y 2 del municipio de Magangué”. Al convenio, celebrado durante mi alcaldía en Magangué (2012-2015), por cuantía de mil treinta y ocho millones de pesos ($1.038’000.000.oo) se le estipuló un plazo de tres (3) meses.
De modo que, a partir del 4 de octubre de 2017 y durante varios días, tuvieron lugar en Magangué las audiencias preliminares en mi contra, adelantadas ante un juez de control de garantías, en cuyo curso se me impuso medida de aseguramiento con detención privativa de la libertad en institución carcelaria. Planteada inicialmente para las cárceles de Corozal o Sabanalarga, solicité, dada la efectiva y amplia influencia de las redes mafiosas en la Región Caribe, y ante el alto riesgo que implicaría ello para mi seguridad personal, que mi reclusión se cumpliera en el pabellón de exservidores públicos de la cárcel nacional La Picota, en la ciudad de Bogotá. Fue lo acogido y ordenado por el Juez de control de garantías. Así, llevo recluido en este centro penitenciario 1 año y casi 6 meses.
¿Qué razones le asisten para asegurar que todo es una venganza política?
Existen hechos que todo el mundo considera públicos y notorios. Primero: fui elegido alcalde de Magangué por una mayoría popular que quería derrotar el dominio de un clan mafioso y lo logramos. Pero ese poder pervive y actúa.
A mediados de 2014, cuando se dictaron órdenes de captura contra varios de sus integrantes y se iniciaron procesos de extinción de dominio contra numerosos de sus bienes inmuebles y muebles, se produjo, en respuesta, una invasión en el municipio de predios urbanos, públicos y privados, de miles de personas bajo esa influencia.
Como alcalde en ejercicio manejé esa situación con suma prudencia y pudo evitarse choques de la fuerza pública con los ocupantes de los predios y no hubo saldos que lamentar. Sin embargo, una enfurecida e instigada turba intentó asaltar e incendiar mi domicilio particular. Ese propósito fue impedido pero mi mujer y mi hijo menor, un niño, ayudados por mis escoltas, tuvieron que saltar la barda del patio y refugiarse en la casa vecina. De todo esto informó la prensa regional y nacional.
Una madrugada de finales de enero del mismo 2014, con alarma de mi familia, mía y de mis vecinos, se escuchó un disparo hecho al frente de mi domicilio, en circunstancias nunca esclarecidas.
El segundo hecho, que cualquier ciudadano de Magangué puede corroborar, consiste en que esa misma corriente a la que me refiero, formó parte de la coalición política que apoyó y eligió la actual administración de Magangué.
La Silla Vacía publicó en su momento un registro fotográfico de ese apoyo, en 2015, al igual que el informativo Noticias UNO. El instigador de las acusaciones en mí contra, quien funge como denunciante, un politiquero de vieja data, es tío del actual alcalde. El tercer hecho es que el Fiscal General de la Nación, luego de que la senadora Claudia López lo emplazara en el Senado por persecución política, en octubre de 2017, tras mi detención, designó para vigilar el proceso al que se me vincula un fiscal adscrito a su despacho.
Ningún ciudadano de oposición o de izquierda en Colombia o que cuestione su gestión, puede hoy sentirse seguro y con garantías procesales mientras él permanezca al frente de la Fiscalía. Es un hecho ostensible su condición de adversario de los acuerdos de paz, sus amenazas a periodistas críticos de su labor, y tampoco ignora nadie que, como a mí, tiene entre ojos a los principales líderes de izquierda del país.
Y el cuarto hecho es la cadena de irregularidades de las que se me ha hecho destinatario en el proceso judicial que se me adelanta. Adelantadas estas a través del dócil instrumento del Fiscal General, el fiscal 24 de la seccional de Magangué. Irregularidades que, a diferencia de los hechos anteriores que menciono se mantienen lejos, por supuesto, del conocimiento público. Porque la Fiscalía General, lejos del cometido que debería desempeñar en un genuino Estado de derecho, hoy constituye un desbordante e intimidante poder al cual difícilmente pueden sustraerse los jueces de la república. Mi caso, por esta razón, no es más que la crónica de una condena anunciada.
El día de mi captura en Bogotá, en octubre de 2017, por la deliberada demora del fiscal 24 de Magangué en suministrar la información de que era a ese municipio adónde iba a ser trasladado, lo que ocurrió ese mismo día, en la audiencia preliminar de Magangué no pude contar con la presencia de mi abogado de confianza.
Al admitir mi petición de que se me recluyera en un establecimiento carcelario de Bogotá y no de Magangué por razones de mi seguridad personal, el juez de garantías en esa audiencia reconocía de hecho el riesgo que para mi implica mi presencia en las audiencias en dicho municipio. Pero con un criterio a todas luces incongruente con ese reconocimiento, se ha rechazado de plano mi reiterada solicitud sobre el cambio de radicación del proceso a un sitio diferente a Magangué.
La Juez 38 Penal Municipal de Bogotá, con funciones de control y garantías, a quien correspondió decidir la validez legal del diagnóstico médico presentado, terminó negándola de plano basándose en que mi abogado defensor no había aportado una prueba idónea para soportar su pedimento de mi detención domiciliaria, habida cuenta de la salud del niño. Es decir, que la defensa debió allegar con su solicitud una experticia practicada no por médico particular sino por uno oficial o del ICBF. Un completo desconocimiento de la ley penal vigente, que permite a la defensa el aporte de pruebas distintas a las de entidades oficiales, siempre que sean expedidas por autoría de reconocida idoneidad, como en este caso.
Las acusaciones de la Fiscalía hablan de malos manejos de los recursos públicos durante su administración como alcalde de Magangué. ¿Admite que por culpa suya o de terceros hubo irregularidades?
En lo que a mí concierne, por supuesto que no. En Colombia todavía está vigente, por lo menos formalmente, esa elemental garantía democrática que es la presunción de inocencia. En cambio, lo que estoy exigiendo con base en ella, que se me otorguen todas las garantías que me asisten como ciudadano, en particular el derecho a un debido proceso, es precisamente lo que no he tenido. Tanto así que, con toda claridad, la delegada de la Procuraduría en la reciente audiencia llamada preparatoria realizada en Magangué, se pronunció expresando que, ante el reclamo de garantía procesal planteado por mi defensa, se apartaba del criterio del fiscal 24 y de la juez.
¿Le ha faltado capacidad y conocimiento a la izquierda para administrar lo público?
De ninguna manera. Petro mejoró notablemente los indicadores sociales y de cuidado del medio ambiente en Bogotá. El gobernador de Nariño defiende bien el interés del pueblo de su departamento. Lula propició que 30 millones de brasileros salieran de la pobreza. Con Evo Morales, los indígenas y el pueblo de Bolivia han tenido más progresos que en toda su historia.
Gobernar un municipio pequeño en Colombia, como Magangué, azotado por la mafia y la politiquería, con muy pocos recursos propios, constituye una prueba de fuego para una fuerza de cambio y progreso. Durante mi desempeño como alcalde de Magangué, mi administración saneó las finanzas municipales que encontré con una abultada deuda y en un proceso de restructuración de pasivos (bajo la ley de quiebra de los municipios).
Se incrementaron los ingresos por tributación en alrededor del 60 por ciento en el cuatrienio, se restableció la libertad de expresión y la tranquilidad pública ante el clima de intimidación y crímenes que padecía el municipio, y cobró vigencia el respeto a la oposición y al derecho a la vida de periodistas, dirigentes sociales, y artistas antes silenciados con la amenaza y el asesinato. Aumentaron en varios miles los hogares incluidos en Familias en Acción, se llevaron a cabo más seminarios, conferencias y eventos de capacitación para los docentes de primaria y secundaria que todos los realizados durante los diez años precedentes, se efectuó un programa de financiación de carreras técnicas para 300 bachilleres de los estratos 1 y 2. Se contribuyó a la construcción y apertura del muelle fluvial, la pavimentación de numerosas vías públicas, se llevó agua potable por primera vez a 14 corregimientos olvidados del municipio a los que se dotó del servicio con pozos profundos movidos por energía solar. En 2015 fui incluido entre los mejores 40 alcaldes del país por la Fundación de la revista Semana.
Debo añadir que durante mi administración elevé numerosas reclamaciones ante el pésimo servicio de energía de la empresa regional Electricaribe; ante la empresa del servicio de agua, Aquaseo, por el racionamiento que impuso, las tarifas exorbitantes y la calidad no potable del líquido vital suministrado. Radiqué denuncia penal ante la Fiscalía de Magangué por el intento de traspasar ilegalmente de una empresa a otra el contrato del servicio de aseo y recolección de basuras del municipio, mediante la falsificación de mi firma, la del alcalde. La Fiscalía nunca investigó el delito y archivó el caso.
¿Por qué no ha podido controvertir los cargos de la Fiscalía?
Sí los he controvertido, a través de mi defensa legal ejercida con mucha propiedad por los doctores Billy Torres y Jeofrey Troncoso. Pero sucede que las garantías procesales consagradas, que deberían haber acompañado este proceso, brillan por su ausencia.
El Fiscal 24 de Magangué afirma que el convenio por el cual se me sindica de presuntos delitos, ni siquiera se ejecutó y que en la alcaldía no se halló documentación alguna sobre dicha ejecución. Pero en la audiencia preliminar de octubre de 2017 presenté más de 2.000 folios de copias de documentos sobre su ejecución: informes, gráficas, fotografías y listados firmados por los beneficiarios del convenio. En especial, un acta del empalme de mi administración municipal con la entrante, en la cual consta que el representante de esta última recibió la documentación relativa a la contratación del cuatrienio 2012-2015. Allí figura la firma de Gustavo Rodríguez Itza, dicho representante legal de la actual administración municipal de Magangué, entonces entrante. Hasta hoy, la Fiscalía ni siquiera ha adelantado el análisis de dicha firma para confirmar su autenticidad.
Una parte del convenio en referencia no pudo ser llevada a cabo porque el sitio donde debía adelantarse, en el Hospital de Magangué. Estaba ocupado por esa época, de lo cual existe constancia escrita de un administrativo de esa entidad de salud, el médico Anuar Arana, y por esta razón el contratista devolvió 52 millones de pesos al municipio. El Fiscal 24 de Magangué ha querido ver en esa devolución una retención ilegal de recursos públicos y afirma que la entrega de ese dinero al municipio sólo se realizó ocho meses después de recibido, el 8 agosto de 2016. Se basa en una comunicación que la directora financiera de la Secretaría de Hacienda de la actual administración de Magangué envía a la Fiscalía. Tanto la afirmación del fiscal como la comunicación mencionada riñen de modo ostensible con la realidad: el registro de consignación de esa devolución procedente del Banco de Bogotá, con fecha del 8 de enero de 2016. Pero pese a que esta evidencia irrefutable obra en poder de la Fiscalía, absurdamente, sigue afirmando que la devolución se hizo 8 meses después.
¿A qué atribuye que haya pasado más de un año en la cárcel sin que le hayan resuelto su situación jurídica?
La ley penal colombiana establece que si una persona lleva un año en detención sin que se le haya definido su situación jurídica, puede reclamar ser puesta en libertad.
Llevo 1 año y casi 7 meses detenido, y a pesar de que se vencieron los términos de ley sin definírseme mi situación, se me sigue negando la libertad. A mi petición de que se cumpla la norma, se responde calificando el ejercicio de las más elementales acciones de mi defensa como “maniobras dilatorias”. Como tal se cataloga, por ejemplo, la solicitud de mi defensa sobre el cambio de radicación del proceso, el tiempo de respuesta que la instancia judicial correspondiente se tomó para ello se me descontó del año que pide la ley para definir la situación jurídica de un detenido.
Con tal decisión judicial, por esa y otras acciones del legítimo ejercicio de mi derecho a la defensa, cuando ya había cumplido más de un año de detención, el plazo para el vencimiento de términos se estiró casi 6 meses más. Lo peor es lo que acaba de suceder. Un juez ha rechazado la tutela que fuera presentada por mi mujer, en nombre de nuestro hijo pequeño, con el argumento de que ella no tiene capacidad legal para ello. Sobre la base del diagnóstico de pediatra psiquiatra, como ya referencié, sobre los serios disturbios ocasionados en el ánimo y psiquis del menor por verse privado de la presencia de su padre que está en la cárcel, en tanto que a su madre, por padecer enfermedad crónica parcialmente incapacitante, se le dificulta dispensarle la atención que el infante requiere, la tutela reclama el derecho del niño a que se le preserve y restablezca su derecho.
La negación de la tutela presentada en nombre de un niño, fundada en que la madre carece de representación legal para realizarla, amén de reafirmar el más hirsuto régimen patriarcal, incompatible con una democracia del siglo XXI, haría las delicias de la antigua Roma esclavista, de más de dos mil años atrás, en la cual a las mujeres se les negaban sus derechos y se les asimilaba a los niños y a los mentecatos. Ese rechazo de la tutela constituye un exabrupto contra las mujeres de Colombia.
EL TIEMPO
