La Cuarta Via

Mazazo a la corrupción política en elecciones territoriales

En la Cuarta Vía

POLITICAZOS. De Joaquín Romero Calle

Dentro del círculo de circunstancias especiales, más allá de inhabilidades que frustran sueños o malogran éxitos obtenidos, que giran en torno al tema electoral, referido éste, a las autoridades territoriales, concretamente, en el plano municipal o distrital, en el cual, junto con Alcaldía y Concejo, se disputa integración de Juntas Administradoras Locales, se contemplan, requisitos genéricos y adicionales de tiempo y de arraigo local, para todo postulado, sin excepción alguna.

Se trata, primero, del principal y obvio: poseer ciudadanía, esto es, andar en mayoría de edad. Y otro, concerniente al nacimiento y residencia en el lugar del acontecimiento electoral. La edad, habilita legalmente, al ciudadano, para ejercer derecho al voto, para elegir, como materialización del derecho fundamental a la conformación, ejercicio y control del poder político. Dentro del cual, puede ser, asimismo, elegido.

Claro entonces, que, para aspirar a ser concejal de un municipio o distrito cualquiera, el candidato, forzosamente, tiene que poseer ciudadanía y residencia en tal sitio. Igual, quien busque ser Alcalde. Inicialmente, que sea nacido allí. En defecto de esto, no ser oriundo del terruño, se reemplaza el nacimiento, con tres (03) años ininterrumpidos, de residencia allí. Para edil, dos años (02) de residencia o de desarrollo de alguna actividad social, laboral, empresarial, ahí, en la zona.

Así, desarrolla y facilita la ley electoral, el imperativo constitucional, de que, en elecciones de autoridades locales, sólo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio. En conclusión, para Concejo, sólo residencia, sin importar tiempo; la cual se declara, bajo juramento, con el hecho de la inscripción de la cédula. Para Alcaldía, haber nacido allí o permanencia de tres (03) años, en cualquier tiempo. Junta Administradora, dos (02) años, de arraigo, en la localidad pertinente.

El fenómeno de importar electores de un municipio a otro, es costumbre corrupta, que ocurre en todas las regiones del territorio patrio; sin embargo, se aprehende, con verdadera materialización, en poblaciones de escasos habitantes, por aquello, de que en el pueblo, todo el mundo se conoce. Y se dan situaciones que alteran orden público, porque hay dirigentes, jefes o líderes, que se descaran y practican ese turismo electoral, de frente mar.

Turismo, porque es una especie de paseo; pero, remunerado. El turista, aquí, no gasta. A él, le gastan. Cien barras ($100.000), nos contó un amigo marañero, que se ganó, en la última elección de Alcalde, en Santa Lucía, Atlántico. Lo llevaron, lo devolvieron, más el paquete alimentario y el refresco de rigor.

La trashumancia electoral, como jurisprudencialmente, la llama el Consejo de Estado, es vicio que perturba el libre y sano devenir del proceso electoral colombiano, dividido en procesitos, por aquello, de las circunscripciones electorales. Y corresponde, al Consejo Nacional Electoral, mediante actuación breve o sumaria, investigar las denuncias de trasteo de electores y resolver, si lo comprueba, anulando las inscripciones de quienes estén, fuera del marco legal.

Pero lo del Consejo Nacional Electoral, se torna anecdótico, injusto y desafortunado, para algunos. Esta corporación, por lo regular, hace su trabajo, sin publicidad alguna, clandestinamente; así, que los afectados, se enteran, de que sus inscripciones, fueron canceladas y que no pueden sufragar, el día de elecciones, en la mesa correspondiente.

Otros, con mejor suerte, no se sabe por qué, si se enteran e interponen recursos y dos días antes del debate electoral, les notifican masivamente, revocatoria de la cancelación. Y así, se especula en Galeras, que en las dos (02) últimas elecciones locales, han intervenido, cerca de un mil doscientos (1.200) votantes, cuyos registros de Sisbén, no pertenecen al archivo de este municipio sucreño.

Actualmente, el Pacto Histórico, tiene voz y voto en el Consejo Nacional Electoral, desde allí, entonces, bien puede instarse al organismo, a que ordene la depuración de los censos electorales municipales o distritales, para excluir de ellos, a cédulas inscritas, cuyos titulares no residan en el lugar en el que lo hicieron para votar. El fundamento jurídico existe. Esta, es una de las competencias del Consejo: declarar sin efectos, inscripciones de ese tipo.

De papayita. Tremendo mazazo, daría el Pacto Histórico, a la corrupción política.

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