Congresistas de la región Caribe respaldaron el plan de inversiones de Electricaribe, dado a conocer por la superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño García, y la agente especial, Ángela Patricia Rojas, en el marco de la presentación del estado de la solución definitiva para el servicio de energía eléctrica en el Caribe colombiano.
La superintendente informó a los congresistas el avance de las acciones para garantizar la prestación del servicio de energía a los 2,6 millones de suscriptores, cerca de 10 millones de usuarios, a través del Plan de Inversiones, así como las etapas que se han venido cumpliendo para la búsqueda de nuevos operadores.
En desarrollo del encuentro, la superintendente atendió la solicitud de los congresistas de la bancada Caribe para ampliar de cinco a siete el número de miembros de la Junta Consultiva para Electricaribe, con el propósito de dar una mayor participación regional, sobre todo al departamento de Bolívar, solicitud que hizo la congresista Nadia Blel.
Fallo a favor de Carlos Caicedo
Por otra parte, el Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico mediante decisión judicial resolvió a favor del dirigente costeño, Carlos Caicedo, aprobar dos de las medidas cautelares que interpuso ante dicho despacho judicial, en aras de frenar un posible incremento de las tarifas del servicio que Electricaribe le presta a un gran sector de los habitantes de la Costa y suspender el proceso de contratación de terceros operadores.
En el texto de la providencia proferido el pasado 18 de enero de 2019 y notificado por estado electrónico el 12 de febrero de la presente anualidad se ordena a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) que antes de aprobar alguna modificación a la tarifa del servicio de energía prestado por Electricaribe, programe, establezca y evacue dos mesas de concertación en audiencias públicas en cada uno de los Departamentos afectados -en los cuales Electricaribe presta sus servicios-, a fin de que se realicen audiencias de socialización en las que participen funcionarios de la Creg, alcaldes de los municipios afectados, comités locales de usuarios y el actor, para que allí se discutan todos los asuntos relativos a la pertinencia, eficacia, ventajas, desventajas y condiciones de las modificaciones tarifarias a adoptar.
Señala la providencia que las audiencias deberán ser coordinadas con los sujetos intervinientes y la parte actora, en este caso Carlos Caicedo, quien interpuso la acción popular para frenar la privatización de la Empresa Electicaribe y el aumento de las tarifas.
Con relación a este mismo punto, el centro de servicios judiciales, especifica que -entre otras ordenanzas- : “Los dos meses de concertación en cada Departamento se harán como mínimo dentro de un mes; la Procuraduría, será la encargada de rendir informes sobre el avance en el cumplimiento; los resultados de esas mesas de difusión y concertación con los usuarios del servicio de energía en la Costa, deberán ser analizadas a profundidad por la Creg a efectos de fundamentar o no la necesidad de modificar las tarifas por la prestación del servicio”.
Igualmente, se ordena a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, al Ministerio de Minas y Energía y a cualquier otra entidad que resulte competente, que antes de escoger el nuevo operador de la Empresa Electricaribe, establezca otras dos mesas de concertación en cada uno de los Departamentos afectados, a fin de que en estas se realicen audiencias de socialización en las que participen funcionarios de la Superintendencia, de la Creg -y todas las parte implicadas-. Dichas autoridades, deberán programar, establecer y evacuar dos mesas de concertación en audiencias públicas en cada uno de los Departamentos.
Cabe recordar que entre las medidas cautelares se detallaba: “Primero, que se congele cualquier tipo de aumento hasta tanto no se agote la dinámica de la consulta y participación; segundo, que se suspenda cualquier enajenación, contratación o vinculación de un privado a la operación del servicio entre tanto no se avance con el proceso; y tercero, que se revise la escala tarifaria que tiene Electricaribe para la región y se compare con las del resto del país”.
Hay que recordar que la iniciativa liderada por Carlos Caicedo, contó con el apoyo de cerca de mil organizaciones sociales, comunales, sindicales y comerciales de siete departamentos, justo después que el Ministro de Hacienda manifestara que, con respecto a la compañía electrificadora, “habría que tomar acciones”, referentes al incremento del valor a plasmarse en las facturas, lo que afectaría el bolsillo de los gremios y casi todos los habitantes del litoral norte de Colombia.
Reacciones de Congresistas
El representante a la Cámara, César Lorduy, calificó como inanes las medidas cautelares otorgadas por el Tribunal Administrativo del Atlántico al exalcalde Carlos Caicedo, que determinan los incrementos en la tarifa de Electricaribe a unas mesas de concertación, y señaló que Caicedo debería renunciar a cualquier aspiración política, a raíz de esta decisión.
Por otro lado, el senador del partido Conservador, David Barguil, anunció a través de sus redes sociales que: “No habrá alza de tarifas de energía en la costa durante liquidación”.
Según Barguil, lo anterior lo garantizó la Superintendente de Servicios Públicos, entidad con la que dialogó sobre el proceso de liquidación y escogencia de los nuevos operadores para este año.
