La Cuarta Via

Para atrás convenios entre entes territoriales y gobierno firmados durante la Ley de Garantías

Varios convenios firmados y casi listos para ser ejecutados se pararían, podrían estar algunos en Magangué y Mompox

En la Cuarta Vía

La Corte Constitucional tumbó la reforma a la Ley de Garantías que el Congreso de la República aprobó en octubre de 2021, permitiendo que durante todo este año y en plena época electoral, la Nación pudiera celebrar convenios interadministrativos con las entidades territoriales para ejecutar programas y proyectos correspondientes al Presupuesto General de la Nación.

Con ponencia de la magistrada Diana Fajardo Rivera, la Sala Plena le dio efectos retroactivos a su decisión a partir de la expedición de la ley por lo que, al no existir el fundamento legal, los convenios interadministrativos que se suscribieron mientras esta reforma estuvo vigente, deben ser liquidados.

La reforma, que fue considerada por algunos sectores como un  ‘mico’, se incluyó en la Ley del Presupuesto y, en la práctica, suspendió la Ley de Garantías, lo cual fue ampliamente criticado por múltiples por la forma como se tramitó en el Congreso y porque, se habría abierto la puerta a “favorecer sectores” en campaña al Legislativo y a la Presidencia.

Tan es así, que a la Corte Constitucional, que solo podía estudiar el caso por demanda de ciudadanos, llegaron más 40 recursos que alegaban en palabras sencillas que la única forma de modificar la Ley de Garantías era mediante una ley estatutaria y no una ordinaria como sucedió, y menos en una ley de presupuesto por no estar relacionada con el resto del contenido de la misma. De estas, fueron admitidas al final 28 demandas.

Con urgencia nacional, lo cual implicó poner este tema sobre otros en el orden del día de la Sala Plena cuando se presentó la ponencia, los magistrados estudiaron el tema y señalaron que se trató de una reforma abiertamente inconstitucional, tanto por fondo como por forma y declaró inexequible el artículo en comento: el 124 de la Ley 2159 de 2021.

Aunque la Corte le dio prioridad para estudiar el tema declarando la “urgencia nacional” en febrero pasado, solo hasta este momento se pudo deliberar, pues aún hacia falta el concepto de la Procuradora Margarita Cabello, que llegó al alto tribunal hasta la semana pasada. En un documento de ocho páginas, la jefe del Ministerio Público cuestionó que el Congreso hubiese hecho una norma a través de un trámite ordinario cuando debía realizarse a través de una estatutaria. Los argumentos del ente de control así como los de los demandantes fueron acogidos por la magistrada Fajardo, quien en una primera intención por tratar el tema salió derrotada por la Sala.

Por ahora, con la decisión de la Corte lo que es cierto es que la lupa de los entes de control estará sobre las entidades que celebraron los contratos con el fin de verificar que los convenios suscritos no solo queden anulados y liquidados, sino que, además, se haga la respectiva devolución de dineros que se hayan desembolsado. El dilema será cómo hacerlo.

Las órdenes para liquidar los contratos

A raíz de la decisión, la Corte Constitucional dispuso una serie de reglas a seguir sobre los convenios que fueron suscritos por esta reforma.

En ese sentido, sobre aquellos cuyo objeto ya se haya ejecutado completamente al momento de que se informó esta decisión mediante el comunicado oficial, es decir, desde este 5 de mayo de 2022, no se dictó ninguna orden porque ya son una situación consumada.

No obstante, la Corte dijo que a partir de la comunicación de la decisión “no será posible suscribir convenios interadministrativos al amparo del artículo 124 de la Ley 2159 de 2021, por lo cual, aquellos trámites que se encuentran en curso deberán terminarse inmediatamente para impedir su perfeccionamiento”.

De esta forma, el alto tribunal dejó en claro que no se podrá alegar que no hay sentencia definitiva para cumplir la orden, dado que esta rige desde que se informó la decisión.

Además, la Corte señaló que los convenios que “a la fecha del comunicado oficial de la presente decisión, no se hayan ejecutado completamente, deberán terminarse y liquidarse inmediatamente, sin perjuicio de la devolución de los recursos girados y no ejecutados y de las restituciones a que haya lugar”.

“Los contratos estatales financiados con fundamento en los convenios interadministrativos anteriores se terminarán y liquidarán a partir de esta misma fecha”, agrega la decisión.

“Se exceptúan de esta regla, los contratos en curso dirigidos a atender las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable y vivienda”, precisó la Corte que indicó que estas reglas aplican “sin perjuicio de la responsabilidad penal, disciplinaria, fiscal y administrativa que pueda derivarse por el uso indebido de la contratación estatal durante la vigencia del artículo 124 de  la Ley 2159 de 2021”.

Las diferentes posiciones

En este caso, el Gobierno dijo que la reforma la Ley, que la suspendió durante la vigencia de 2022, era necesaria ante los efectos de la pandemia de covid-19 y para la reactivación económica.

 “Ya que, con este artículo puede transferir recursos y adelantar proyectos de manera más expedita. Esto trae consigo la generación de empleo y progreso para las regiones”, dice el concepto.

Según el Ministerio del Interior, el hecho que la ley de garantías sea estatutaria, “no implica que todas sus disposiciones contengan el mismo, pues un artículo que pueda estar contenido en una norma tramitada a través del procedimiento para las leyes ordinarias, puede también contemplarse en una ley estatutaria”.

Según la Procuraduría, esta reforma era contraria a la Constitución “debido a la especial fuerza que caracteriza a las normas estatutarias (como lo es la Ley de Garantías Electorales), no es posible constitucionalmente su modificación por medio de una disposición contenida en una ley anual de presupuesto”.

Margarita Cabello le había dicho a la Corte que el hecho que se haya eliminado la figura de la reelección presidencial no alteraba la prohibición de realizar contratos interadministrativos en época electoral que fue expedida antes, cuando sí existía esa figura, porque “se trata de una regulación que se refiere a la participación en política de los servidores públicos con ocasión de las diferentes elecciones, sin circunscribirse a los comicios para elegir al Jefe de Estado”.

Y la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente señalaba que si bien la reforma habilitó a los entes territoriales para suscribir convenios interadministrativos con la nación, “tales convenios solo pudieron ser celebrados, de manera directa, hasta el 29 de enero de 2022, fecha a partir de la cual empezó a regir la restricción del artículo 33 de la Ley 996 de 2005”.

Convenios para atrás

Los convenios que se han firmado desde el 29 de enero hasta la fecha en el marco de la Ley de Garantías, serian en total unos 746 convenios firmados por 159 entidades públicas por un valor total de $796.000 millones que se tendrían que revisar.

También se supo que uno de los convenios que más se ha firmado tiene que ver con los programas Sacúdete, de los cuales corresponden 58.

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