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¿Por qué Colombia le pone peros al Acuerdo Escazú? Un pacto internacional para luchar contra los desafíos ambientales

En la Cuarta Vía

México se convirtió en el undécimo país en ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el Acuerdo de Escazú. Así, se alcanzó el umbral mínimo para que el tratado entre en vigor. Eso significa que pasaron casi tres años para que los mismos países que adoptaron esta herramienta, en marzo del 2018, la firmaran y ratificaran. Pasó –y sigue pasando– una pandemia global; pasaron tormentas, inundaciones, incendios y sequías; pero, sobre todo, pasaron cientos de asesinatos de defensores del medio ambiente. La región ostenta, desde el 2012, el deshonroso primer lugar en número de muertes de personas que defienden los recursos naturales.

En el 2018, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, describía el acuerdo como “un hito ambiental”, “un instrumento multilateral sin precedentes”. Dijo también que la región tenía buenas razones para sentirse orgullosa de dicha herramienta, pues “además de ser el único tratado emanado de Río+20, es el primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe y el único de su tipo en contener disposiciones específicas para la promoción y protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales”.

Como su nombre lo dice, el acuerdo busca garantizar que todas las personas tengan acceso a la información ambiental, que puedan participar en la toma de decisiones y que tengan acceso a la justicia en asuntos ambientales. En suma, el objetivo es proteger el derecho de las personas, “de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”, según la Cepal.

Sin embargo, este instrumento multilateral no ha comenzado a funcionar y algunos gobiernos parecen dispuestos a dejarlo oxidar. El camino hacia su implementación ha tenido más obstáculos de los que se esperaría de un acuerdo “negociado por y para la región”. De los 24 Estados firmantes –Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Brasil Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, México, Nicaragua Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay– solo 11 lo han ratificado. Entre los pendientes se encuentran Colombia y Brasil, que ocupan el primer y tercer lugar, respectivamente, en número de asesinatos a defensores ambientales en el mundo durante el 2019, según Global Witness.

Lo que pasa en Colombia

Hace casi un año, Colombia firmó el Acuerdo de Escazú en el marco de los compromisos de la mesa ambiental de la “Gran conversación nacional” que convocó el presidente. Y aunque el Gobierno presentó el proyecto mediante el cual se ratifica el Acuerdo con mensaje de urgencia, los partidos de gobierno no lo apoyan y aún no se ha agendado el primer debate en el Congreso de la República.

El trámite legislativo que hace parte del proceso de ratificación ha desatado un intenso debate sobre el proyecto de ley que aprobaría el acuerdo entre diversos sectores del país.

Desde su radicación el 20 de julio de 2020, los congresistas de comisión segunda han hecho tres audiencias virtuales, una semipresencial con carácter regional en Cúcuta y todavía está pendiente que se convoque una cuarta en diciembre en otra ciudad del país.

En estas audiencias se han planteado importantes puntos de vista por actores como el Gobierno, los gremios, la academia y la sociedad civil. Este tipo de diálogos hacen parte del debate democrático y participativo que promueve el Acuerdo de Escazú.

Pero no hay que perder de vista que las preocupaciones deben discutirse con rigor técnico, jurídico y político. Es preciso abordar cada uno de los argumentos para definir cuáles de ellos son interpretaciones equivocadas que no tienen relación con el espíritu, contenidos o con las implicaciones reales de este tratado ambiental regional.

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