La Cuarta Via

¡Prepárate! la factura de Afinia subirá nuevamente en febrero, reacciones y solicitudes al gobierno no se hicieron esperar

En la Cuarta Vía

El gerente de la empresa Afina, Javier Lastra, puntualizó los aspectos que llevarían el valor del kilovatio de energía de $788 a $808 para el próximo mes de febrero, esta declaración fue rechazada energéticamente por los mandatarios de los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y 11 municipios del Magdalena donde la empresa presta sus servicios.

La reacción de algunos fue solicitar al Gobierno la necesidad de incluir pérdidas de energía e inversiones en el Presupuesto Nacional, argumentando que se necesita la voluntad de tomar medidas como la de congelar las tarifas de energía, lo que se puede lograr tal y como sucedió con los precios del diesel y los peajes.

«Estas empresas tienen que mostrar solidaridad ante la crítica situación que mes a mes aumenta el hueco financiero de los hogares. Todos los actores deben aportar para disminuir las tarifas. Los habitantes del Caribe no pueden seguir soportando esta carga» ha sido el pedido generalizado

Por su parte la empresa Afinia le presentó formalmente al Gobierno Petro fórmulas que, según ellos, ayudarán a reducir el impacto de la tarifa del servicio de energía en los departamentos de la Región Caribe.

La primera es que, entre todos los usuarios del servicio eléctrico a nivel nacional y el Gobierno paguen el diferencial incremento de la tarifa de energía de la costa atlántica.

Según la compañía, ello representaría para los usuarios de la costa una reducción de 127$/kWh y para los usuarios del interior del país un incremento de tan sólo 37$/kWh.

Además, le propone al Ministerio de Minas y Energía, un consumo de subsistencia para municipios ubicados por debajo de 1.000 metros sobre el nivel del mar de 173 kWh/mes a 240 kWh/mes, en conjunto con la aplicación de un porcentaje de subsidio decreciente atado al consumo para promover la eficiencia energética.

También sugiere establecer un consumo mínimo vital para usuarios que demuestren su imposibilidad de pago, el cual sería cubierto en su totalidad con presupuesto del Gobierno Nacional.

Según la compañía, se presentaron varios lineamientos con los que ellos creen que se pueden viabilizar recursos para que las empresas puedan continuar con sus planes de negocio así:

a) El Gobierno Nacional asuma el saldo acumulado a la fecha de la opción tarifaria, lo que se traduce para el usuario en menor precio a futuro y para la empresa en recursos para continuar su tarea con la prestación de servicio o

b) El Gobierno Nacional garantice con entidades financieras el monto del saldo de la opción tarifaria con créditos de bajo costo y de largo plazo, lo cual no significará una reducción del precio para el usuario, pero su pago podrá realizarse de manera más módica en el largo plazo y

c) Creación de un fondo para el pago del servicio de usuarios constitucionalmente protegidos, el cual sería el responsable de cobrar a la entidad territorial o a los usuarios constitucionalmente protegidos.

Finalmente, sugieren crear fondos que permitan a los usuarios de menores ingresos alcanzar la transición energética, para la construcción de granjas solares y programas de eficiencia energética, que pueden ser desarrollados en compañía de las empresas prestadoras del servicio y que permitan la sostenibilidad de los proyectos en el largo plazo. El fondo podría ser alimentando con recursos provenientes de regalías.

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