El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, instó al Gobierno Nacional a adoptar las medidas necesarias para identificar, señalizar y retirar las minas antipersonales ubicadas en al menos 324 municipios del país.
A través de la Directiva 13, el jefe del Ministerio Público solicitó a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz -OACP- convocar a las instancias competentes para formular los componentes técnicos relacionados con la señalización, elaboración de mapas y operaciones de desminado, así como coordinar con las entidades territoriales la armonización y ejecución del documento Conpes expedido para fortalecer la acción contra las minas en Colombia.
Carrillo Flórez advirtió que las cifras reportadas por la Presidencia de la República señalan que entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2020, se presentaron 37 accidentes por minas antipersonal que dejaron a 29 víctimas civiles, entre ellas 10 menores de edad, lo que indica que el uso de explosivos continúa siendo recurrente por parte de grupos armados que mantienen escenarios de violencia, confinamiento y alto riesgo de desplazamiento, sobre las poblaciones que residen los departamentos de Putumayo, Norte de Santander, Chocó, Nariño y Antioquia.
Solicitó desarrollar estrategias de acción integral contra las minas, de forma concertada con los pueblos que allí residen, especialmente la intervención sobre los Embera, ubicados en los municipio de Puerto Libertador e Ituango (Antioquia) y en el departamento de Córdoba; Jiw, en San José del Guaviare; Nukak, en los departamentos de Guaviare y Meta, y Awá en el departamento de Nariño, y los consejos comunitarios de Alto Mira y Frontera, Río Chagüí, y la vereda La Alsacia, en el departamento del Cauca, comunidades priorizadas en el capítulo étnico del Acuerdo de Paz.
