El bloque anticorrupción conformado por la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación avanza con determinación para garantizar la destinación correcta y legal de los recursos dispuestos para la atención de los colombianos durante la emergencia ocasionada por el Covid – 19.
Las tres entidades, en cabeza del procurador Fernando Carrillo, del fiscal Francisco Barbosa, y del contralor Carlos Felipe Córdoba, presentaron un resumen de sus indagaciones y decisiones, cada entidad presentó un listado de sus acciones, entre las que se destacaron las siguientes acciones.
La Fiscalía anunció que se han solicitado imputaciones y medidas de aseguramiento contra 10 alcaldes por múltiples delitos, son Armenia, Malambo, Cereté, Socorro, Calarcá, San Pedro, San Antonio, Guaduas, Palocabildo y de Coveñas. Los alcaldes de Guaduas y Palocabildo fueron capturados y están en proceso de legalización de captura.
Igualmente anunció que citará a interrogatorio en calidad de indiciados a 3 alcaldes, además de los 10 que ya tienen medida de aseguramiento, y 3 gobernadores, por presunta corrupción durante la emergencia por Covid-19. Citó a interrogatorio a los gobernadores de San Andrés, Arauca y Guaviare. Además, hay indagaciones preliminares contra 14 gobernadores.
Por su parte el contralor Carlos Felipe Córdoba manifestó que la región más afectada es el Caribe por los sobrecostos en los recursos por la pandemia del COVID-19 superando el 70%.
Anunció que revisan contratos por $3,1 billones destinados a la atención de la emergencia actual. De ese total $2,1 billones es para la compra de elementos y el restante para la prestación de servicios.
Indicó que se han encontrado sobrecostos por $420.000 millones. Ya fueron cancelados contratos por $13.000 millones, después de las alertas del ente de control. Solo en Quindío y en Caquetá, y solo en seis gobernaciones no se han encontrado sobrecostos, entre esos Risaralda, Quindío y Bolívar.
Las 5 capitales con valores más altos en sobrecostos son: Barranquilla (más de $18.652 millones); Medellín (más de $9.700 millones); Bogotá ($9.200 millones); Cali (más de $5.700 millones) y Sincelejo (Cerca de $4.000 millones)”
Se abrió un proceso de responsabilidad fiscal a la alcaldía de Medellín por presuntos sobrecostos de alimentos para instituciones educativas, en este proceso de responsabilidad fiscal se vinculó a la secretaría de educación.
También se abrió proceso contra el alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez, porque hay evidencia de sobrecostos en los kits alimenticios para población vulnerable que presuntamente no llegaron. El proceso de responsabilidad fiscal es por valor de $1.051 millones.
La Contraloría ha evidenciado posibles sobrecostos en 84 municipios de los 119 examinados. Los más afectados son Floridablanca (Santander), Sabaneta (Antioquia) y Puerto Boyacá. Dije que se pidió la suspensión del alcalde del municipio de Sincelejo y Malambo.
Por su parte la Procuraduría General de la Nación se citó a juicio disciplinario al alcalde de Sincelejo y tres funcionarios, por presuntas irregularidades en contratos para suministro de kits alimentarios para la población vulnerable del municipio. Ellos son la jefe la oficina asesora jurídica, Katiusca Margarita Fernández Castillo; la directora Técnica de Gestión Contractual de la alcaldía, Andrea Tulia Gutiérrez Ahumada.
También dijo que se abrió investigación disciplinaria y suspendió provisionalmente, por tres meses, al alcalde de Malambo, por presuntas irregularidades en la suscripción y ejecución de un contrato por $4.000 millones de pesos:
Se citó a juicio disciplinario al alcalde y secretario de planeación, obras públicas y saneamiento básico de Coveñas, Sucre, por presuntas irregularidades y sobrecostos en contrato para la entrega de ayudas humanitarias
También se abrió investigación disciplinaria a la gobernadora del Valle del Cauca, y a la secretaria de salud del departamento, por presuntos sobrecostos en contratos para atender emergencia por la covid-19.
Además se abrió investigación disciplinaria al secretario general de la Gobernación de Atlántico, Raúl José Lacouture Daza, por presuntas irregularidades en el uso de los recursos destinados a atender las necesidades de la población afectada por la pandemia del Covid-19.
Detalles de los procesos de la Región Caribe
SINCELEJO
La Procuraduría citó a juicio disciplinario al alcalde de Sincelejo, Andrés Eduardo Gómez Martínez; a la Jefe la Oficina Asesora Jurídica, Katiusca Margarita Fernández Castillo; a la directora Técnica de Gestión Contractual de la alcaldía, Andrea Tulia Gutiérrez Ahumada, y al secretario de Desarrollo Económico, Leonardo Beltrán Pinto, por presuntas irregularidades alrededor de los contratos N° 003 y 004 de 2020, cada uno por $1.999´950.000, cuyo objeto fue suministro de kits alimentarios para la población vulnerable del municipio de Sincelejo, afectada por la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19.
El alcalde y los tres funcionarios deberán responder en audiencia de juzgamiento disciplinario por la participación relevante, que tuvieron en el trámite precontractual y contractual de los contratos suscritos con las sociedades Abastos y Fruver El Paraíso S.A.S., y Surtivíveres Comercializadora y Distribuidora S.A.S., a las que tres días después de la firma del contrato se les aprobó la entrega de un anticipo del 50% ($999.975.000), que debía ser destinado en su totalidad para la compra de los productos.
Se les cuestiona que con la firma de los dos contratos se habría podido incurrir en detrimento del patrimonio público, que superaría los $900 millones, y un posible desconocimiento de los principios de planeación, eficiencia, responsabilidad, economía y moralidad que rigen la contratación estatal y la función administrativa.
COVEÑAS
La Procuraduría citó a juicio disciplinario al alcalde de Coveñas, Rafael Antonio Ospina Toscano, y al secretario de Planeación, Obras Públicas y Saneamiento Básico, Fabio Enrique Maestre Machado, por presuntas irregularidades y sobrecostos en el Contrato de Suministro No. CP-COV-001-2020 con la Fundación Servicios y Consultorías Caribe -FUNCARSERVICIOS – para la entrega de ayuda humanitaria alimentaria y no alimentaria de emergencia, para atender la calamidad publica por el COVID-19, representada en 6.000 kits de alimentos y otros 6.000 de aseo, por un valor de $1.206 millones.
Se investiga la idoneidad para contratar con una fundación que tiene su sede en otro departamento y que tuvo que adquirir con un proveedor mayorista los productos incluidos en los kits y si los precios unitarios de los productos que componían los kits de alimentos y aseo, así como el del transporte fueron modificados al arbitrio de la fundación contratista, sin que existiera una justificación valedera o económicamente razonable, lo que habría sido avalado por los funcionarios, en lo que sería un caso, además, de presunta negligencia, con actuaciones precipitadas y carentes de cuidado.
GOBERNACIÓN CESAR
La Procuraduría abrió investigación y suspendió provisionalmente, por tres meses, a la secretaria General de la Gobernación de Cesar, Lorena Paola Hernández Dangond, y a la jefe de la Oficina de Riesgo y Cambio Climático, María José Páez Díaz, por presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de cinco contratos por más de $2.600 millones de pesos, con las fundaciones Visión Caribe, para el Desarrollo Social de los Colombianos, por un Vivir Mejor y Abiezer del Cesar, para la entrega de 20.900 kits de mercados para la población vulnerable de los municipios de Chimichagua, Becerril, El Paso y Valledupar.
Se investiga la existencia de presuntas faltas disciplinarias relacionadas con supuestos sobrecostos en la adquisición de los mercados, e irregularidades relacionadas con la capacidad e idoneidad de los contratistas, la determinación del valor de los bienes y servicios contratados en razón al número de destinatarios, precio y ubicación geográfica de los proveedores, y los criterios empleados por la administración para comparar las propuestas y ofrecimientos prestados, una presunta ausencia de trazabilidad en las actuaciones contractuales.
Con esta suscripción del contrato pude haberse desconocido los principios de planeación y de responsabilidad que reglan la contratación estatal.
GOBERNACIÓN ATLÁNTICO
La Procuraduría abrió investigación disciplinaria al secretario General del Gobernación de Atlántico, Raúl José Lacouture Daza, por presuntas irregularidades en el uso de los recursos destinados a atender las necesidades de la población afectada por la pandemia del covid-19.
Se investiga la suscripción y ejecución de dos contratos, uno por $19.300 millones con la empresa Tradign Group International S.A.S., para la entrega de 4200 mercados, y otro por $1.377.600.000 con el contratista TRI FIT S.A., para la prestación del servicio de transporte de una bodega en Barranquilla, hacia los municipios, corregimientos y veredas del departamento.
Se busca establecer si se vulneraron los principios y normas que regulan la contratación estatal y el deber de selección objetiva, en concordancia con los de eficiencia, moralidad y respeto por el patrimonio público.
GOBERNADOR SAN ANDRÉS
La Procuraduría abrió investigación al gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins Sjogreep, y a su secretaria de Gobierno, Jacqueline Blanco Yepes, por presuntas irregularidades en el contrato 540 de 2020, para el suministro de 50.000 unidades de tapabocas, de guantes y de gel antibacterial por un valor de $521 millones de pesos.
Al parecer, el contrato se suscribió con una empresa de propiedad de una exfuncionaria de la Cámara de Comercio, que no tenía por objeto social la venta de elementos de bioseguridad y además, habría renovado la licencia para añadir dentro de su objeto social el comercio al por menor, con lo que se habrían vulnerado los principios que rigen la contratación pública.
ALCALDE SANTA ANA – MAGDALENA
Se abrió investigación al alcalde de Santa Ana, Magdalena, Wuillman Bermúdez Silvera, y a los concejales del municipio, Yeselis Martínez Arévalo y Lenys Jiménez Medina, por presuntas irregularidades relacionadas con la entrega de las ayudas humanitarias provenientes del Gobierno Nacional a población vulnerable, el pasado 22 de abril.
Se investiga si el alcalde Bermúdez Silvera permitió que los dos concejales intervinieran en la entrega de las ayudas, mientras que en el caso de los cabildantes Martínez Arévalo y Jiménez Medina se busca establecer si utilizaron esa actividad para beneficiarse políticamente.
TIERRALTA, CÓRDOBA
Al alcalde Tierralta, Córdoba, Daniel Enrique Montero Montes, y del secretario de Gobierno, Loyar Manuel Pineda Delgado, se les abrió investigación y se les suspendió provisionalmente por tres meses, por presuntos sobrecostos en un contrato por $750 millones para la adquisición de mercados para atender la emergencia sanitaria.
CERETÉ, CÓRDOBA
Al alcalde de Cereté, Córdoba, Luis Antonio Rhenals Otero, y al Secretario de Desarrollo e Inclusión Social, Juan Felipe Angulo Eljach, se les abrió investigación y se les suspendió provisionalmente, por tres meses, por presuntos sobrecostos en la compra de 20 mil mercados por $500 millones, destinados a familias vulnerables del municipio.
SUCRE, SUCRE
A la alcaldesa de Sucre, Sucre, se le abrió investigación disciplinaria y se suspendió provisionalmente, por tres meses, por presunta omisión al cumplimiento de la orden presidencial de confinamiento obligatorio con el fin de evitar la propagación del covid-19.
