La Superintendencia de Servicios radicó eun proyecto de ley para “adoptar las disposiciones necesarias para asegurar la prestación eficiente y sostenible del servicio público de distribución y comercialización de electricidad en la Costa Caribe”.
No obstante, en la iniciativa, de 10 artículos y cuatro páginas, se advierte que “ninguna actuación desplegada para el cumplimiento del objeto de esta ley podrá interpretarse como reconocimiento de su responsabilidad por la situación de Electricaribe, ni como como una renuncia a obtener cualquier indemnización frente a los responsables de los perjuicios causados”.
La primera medida que se toma es la de autorizar a la Nación para el financiamiento al Fondo Empresarial de la Super, incluyendo créditos y garantías, los cuales podrán ser superiores a un año. Y precisa que no se requerirá la constitución de garantías ni contragarantías cuando la Nación otorgue estos créditos o garantías.
La segunda tiene que ver con la autorización a la Nación de asumir el pasivo pensional y prestacional, así como el pasivo de Electricaribe. En la que se lee: “Autorícese a la Nación para constituir patrimonios autónomos, fondos necesarios para tal efecto, o una o más sociedades por acciones cuyo objeto principal sea adelantar las operaciones actualmente adelantadas por Electricaribe, para lo cual sus patrimonios podrán estar integrados, entre otros, por los activos de Electricaribe. Estas sociedades que el Gobierno nacional decida constituir serán empresas de servicios públicos domiciliarios”.
Para la gestión y el pago del pasivo pensional, el Ministerio de Hacienda constituirá el patrimonio autónomo Foneca, cuyo objeto será recibir y administrar los recursos que se transfieran, se lee.
Otra medida, consignada en el artículo cuatro del proyecto, corresponde a que, como contraprestación por la asunción de los pasivos, Hacienda adquirirá una o más cuentas por cobrar a cargo de Electricaribe.
“El Gobierno nacional reglamentará los términos y condiciones de la asunción de pasivos y de vinculación de capital privado, público o mixto, a través de uno o varios oferentes, a la solución estructural de la prestación del servicio público de energía eléctrica en la Costa Caribe”, indica la iniciativa.
Así mismo, se deja en claro que sin perjuicio de las cuentas por cobrar y las acciones indemnizatorias a las que haya lugar, una vez asumidos los pasivos, para viabilizar la sostenibilidad de las nuevas empresas prestadoras de servicios públicos, el Ministerio será el único deudor frente a los acreedores de las deudas asumidas.
En el punto cinco, para la preservación del servicio, se indica que los actos jurídicos mediante los cuales se implemente el objeto de esta ley, incluyendo los actos necesarios para una eventual capitalización de Electricaribe, no se afectarán como consecuencia de la ineficacia que pueda declararse respecto de los demás actos relacionados con la toma de posesión o liquidación de Electricaribe.
De igual forma, se dispone en el articulado que estarán exentos de tasa, contribución e impuestos de cualquier orden, las actuaciones llevadas a cabo por entidades públicas o por particulares, la constitución y la realización de aportes a las sociedades que se lleguen a constituir como parte del proceso y la enajenación de acciones de los vehículos jurídicos que se desarrollen o constituyan en el marco del proceso.
El artículo 7 autoriza al Gobierno “para establecer un régimen especial en materia tarifaria para Electricaribe o las empresas derivadas que se constituyan en el marco del proceso de toma de posesión de esta sociedad para las regiones en las que se preste el servicio público. Con recursos provenientes del sistema general de regalías se podrán financiar inversiones en infraestructura eléctrica, como aportes que no incidirán en la tarifa”.
De otro lado, se crea una sobretasa de cuatro pesos por kilovatio hora de energía eléctrica consumido, que será recaudada por los distribuidores del servicio de energía eléctrica y girada al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La sobretasa será destinada al pago de las obligaciones financieras en las que incurra el Fondo Empresarial para garantizar la prestación del servicio. El hecho generador será el kilovatio hora consumido, y los responsables del pago de esta sobretasa serán los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, los usuarios comerciales e industriales y los no regulados del servicio de energía eléctrica.
Igualmente, a partir del 1° de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2026 se autoriza el cobro de una contribución a favor de la Superintendencia, que será del 2% del valor de los gastos de funcionamiento, asociados al servicio sometido a regulación, de la entidad contribuyente en el año anterior a aquel en el que se haga el cobro, de acuerdo con los estados financieros puestos a disposición de la Superintendencia.
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¿Las deudas de Electricaribe, sin capitalizar a favor del Estado?
Por: Norman Alarcón Rodas
Importantes fuerzas exigen que las inversiones requeridas se hagan con recursos oficiales, como regalías y otras fuentes, para que no se vean afectadas las tarifas
Las propuestas para el sector eléctrico de la Costa Atlántica dadas a conocer por el presidente Iván Duque el 28 de noviembre pasado, después que no hubo oferentes del sector privado a las fórmulas de la Financiera de Desarrollo Nacional, fueron plasmadas en un proyecto de ley dado a conocer en los últimos días por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). Las iniciativas coinciden con las consignadas en el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo (PND) para el sector eléctrico. Se trata, arguye el gobierno, de “desarrollar el artículo 365 de la Constitución Política”, pero en esencia se va es a continuar enajenando el patrimonio público y convirtiendo los servicios públicos en un negocio cuyo móvil principal es la ganancia, una política desastrosa para la Región Caribe y para los usuarios convertidos en clientes.
El proyecto de ley propone que la nación asuma el pasivo pensional y prestacional de los pensionados de Electricaribe y las deudas de esa empresa con el Fondo Empresarial utilizadas para la compra de energía después de la intervención sucedida el 15 de noviembre de 2016. Las primeras están calculadas en 1.2 billones de pesos, hoy a cargo de la trasnacional española Fenosa-Naturgy, a sea que sería un regalo para los españoles. También dice el proyecto de marras que se podrán utilizar las regalías mineras para acometer inversiones en infraestructura eléctrica sin afectar las tarifas que pagan los usuarios, como muchos sectores lo venían exigiendo. Pero la pregunta clave es: ¿por qué si la nación y los territorios, en el caso de las regalías, pondrían varios billones de pesos para enfrentar la crisis eléctrica ocasionada por la privatización y los saqueos de Fenosa-Naturgy durante 16 años, no se habla de capitalizar esos cuantiosos recursos a favor de la nación y de la región? Según el proyecto de ley, en la composición accionaria los españoles seguirán ostentando el 85,38% del capital social.
De hacerse efectivo el estropicio, como lo ha llamado el senador Jorge Robledo en carta enviada en diciembre pasado a las autoridades de la Costa y a sus habitantes, estaríamos en Colombia ante un “capitalismo de amigotes”. Un regalo tan exorbitante sin su debida contraprestación accionaria, y en medio de una crisis económica y social que se agrava día tras día, es absolutamente inequitativo y profundizará la desigualdad inaudita que padece nuestro país.
Para empeorar el panorama, el susodicho proyecto de la Superservicios pretende cobrarles injustamente a millones de usuarios de los estratos 4, 5 y 6 y sectores empresariales, que no son responsables de la crisis eléctrica, una sobretasa de cuatro pesos el kilovatio hora-mes, cerca de 200.000 millones de pesos anuales. Se contempla incluso un cobro adicional del 2% sobre una contribución que hoy pagan las empresas vigiladas por la SSPD de sus gastos de funcionamiento, siendo que ya pagan el 1%, rubro que en últimas sale de los bolsillos de los sufridos usuarios a través de las tarifas onerosas en la cuenta llamada AOL (Administración, Operación y Mantenimiento).
Importantes fuerzas vivas de la región, como los comités defensores del patrimonio público, vienen exigiendo que se hagan con recursos oficiales, como las regalías y otras fuentes, las cuantiosas inversiones requeridas urgentemente, que no se vean afectadas las tarifas y que sean capitalizadas a favor de las entidades estatales. En resumen, que la operación del servicio eléctrico de la Costa sea del sector público, ya que de él van a salir las erogaciones que ya no admiten más dilaciones. Por lo demás, es contraproducente pensar en segmentar el mercado cuando debe ser al revés, fortalecer verticalmente a Electricaribe con las generadoras públicas de la Costa y responder cabalmente por los derechos convencionales de los trabajadores y pensionados que tantos sacrificios han aportado.
