Los concejales que no renunciaron a tiempo no pueden postularse para la alcaldía, pero también aspirantes la gobernación.
Un artículo del nuevo Código Disciplinario, que sancionó el presidente Iván Duque -el pasado 28 de enero-, dejaría por fuera de la competencia electoral a varios aspirantes, esto tiene aterrados a más de uno y además una cantidad de consultas al Consejo de Estado.
El nuevo estatuto, en su artículo 43, dice que los concejales o diputados tienen “una incompatibilidad para aspirar a cargos de elección popular en el ente territorial donde han ejercido si no han renunciado un año antes”.
El artículo 43 de la ley 1952, define las incompatibilidades para desempeñar cargos públicos, es decir, para los futuros alcaldes y gobernadores, en este caso puntual.
“Para los gobernadores, diputados, alcaldes y concejales y miembros de las juntas administradoras locales, en el nivel territorial donde hayan ejercido jurisdicción, desde el momento de su elección y hasta doce meses después del vencimiento de su periodo o retiro del servicio”, reza la norma, que entrará en vigencia en cuatro meses, cuando vence el tiempo de transición.
La norma es clara en que deben esperar un año entre la finalización del periodo, que en este caso es el 31 de diciembre de 2019, o la finalización del servicio -en el caso que renunciaran.
Lo cierto es que varios precandidatos están haciendo consultas, ante la incertidumbre que les generó el nuevo Código Único Disciplinario.
Juristas indican que no se trata de una inhabilidad para la elección, sino que es la extensión de una incompatibilidad que le impide ejercer cargos públicos.
“Ni los diputados ni los concejales, cuando terminen sus periodos, no pueden inmediatamente ser alcaldes, gobernadores, ni secretarios de despacho, ni gerentes de entidades descentralizadas, por decir algunos cargos. Repito: no es una inhabilidad, es una incompatibilidad que busca que todos los aspirantes a cargos de elección popular tengan igualdad de condiciones”, subrayó la misma fuente.
Se espera que la Procuraduría General publique un instructivo de las inhabilidades que pesarán para las elecciones regionales del 27 de octubre próximo, jornada en la que se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles en el país, la decisión del Consejo de Estado generó debate sobre la inhabilidad para aspirar o no a estos cargos.
Se presume que quienes renunciaron después del 27 de junio del 2018, ya que el 27 de junio de este año es cuando empieza el proceso de inscripción de candidatos a estas corporaciones, podrían estar inhabilitados. El debate está dividido, sin embargo, las interpretaciones son variadas debido a las sentencias que existen en ese sentido.
Así las cosas, habrá que esperar qué dice tanto el Consejo de Estado, la Procuraduría y el Consejo Nacional Electoral para las elecciones que se avecinan y quiénes pueden aspirar o no.
Hablan expertos
La abogada de la Universidad del Norte y consultora en temas electorales, Ana Osorio, dijo que “para quienes se lanzan como candidatos a cargos de elección popular se aplican preferentemente sobre la ley disciplinaria las inhabilidades e incompatibilidades que están en los regímenes propios de los cargos a los que aspiran, por ejemplo, los artículos 179 y 180 de la Constitución para los congresistas, y la Ley 617 de 2000 para alcaldes, gobernadores, concejales y diputados”.
Sin embargo, señala además la ex relatora del Consejo de Estado que “los empleados públicos que ejerzan cargos públicos con autoridad en este momento no pueden lanzarse a ningún cargo de elección popular para las elecciones de octubre de este año. Debieron haber renunciado antes del 27 de octubre de 2018”.
Y advierte así mismo que el tema debe revisarse de cara a la inhabilidad que tienen los gobernadores y alcaldes en la Ley 617 de 2000, luego de la interpretación del Consejo de Estado en el caso de la exgobernadora guajira, Oneida Pinto. Según esta tesis, quienes sean gobernadores o alcaldes y quieran lanzarse a otras elecciones en el periodo inmediatamente siguiente, deben renunciar un año antes de la inscripción.
Pone también de presente la autora del libro ‘Manual de inhabilidades electorales’ que la nueva norma agrega expresamente dentro de las incompatibilidades a concejales y diputados: “Ellos no tienen una inhabilidad actualmente en sus regímenes propios para lanzarse a otros cargos de elección popular mientras ejerzan el cargo. La nueva ley, que entra en vigencia en mayo y por lo tanto, antes de que inicie el periodo de inscripción de candidatos, extiende esa prohibición 12 meses después del vencimiento del periodo o el retiro del servicio. Entonces descalifica, por ejemplo, a concejales actuales que se quieran lanzar a alcaldías”.
Finalmente, indica la también ex asesora del CNE que el asunto lo deberán decidir los jueces o las autoridades disciplinarias: “Habría que esperar a que se impugnen inscripciones así para ver qué decide el CNE o incluso la Jurisdicción Contencioso Administrativo frente a la aplicación de la Ley 1952 de 2019 para las elecciones de este año”.
Aunque también, advierte, “la nueva norma entra en vigencia en mayo, pero el calendario electoral de las elecciones de 2019 ya salió. Entonces uno puede pensar que ya hay un proceso administrativo electoral en curso y no aplicar esa nueva norma”.
Entonces, queda en manos del Consejo de Estado o del CNE la suerte de los candidatos que aún ocupan cargos públicos para aspirar a las 1.102 alcaldías del país, 32 gobernaciones, 1.102 concejos, 32 asambleas y más de 6.000 juntas administradoras locales
El caso Pinto
El Consejo de Estado encontró que Oneida Pinto violó el régimen de inhabilidades al haberse inscrito como candidata a la Gobernación solo 11 meses después de haber dejado la alcaldía de Albania, a la que había sido elegida por segunda vez en el 2012.
La ley establece una veda mínima de un año en cargos públicos para aspirar a uno de elección popular en la misma jurisdicción. Sin embargo, en este caso, haber completado el año no le habría valido a Oneida, pues el fallo señala que, bajo la interpretación de la ley 617 del 2000, que está vigente, un gobernante no podrá postularse a otro cargo de elección popular “hasta tanto transcurra el periodo para el cual fue electo”. La alcaldía de Pinto concluía en diciembre.
El fallo argumenta que el numeral 7 del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 dice que un alcalde “no podrá inscribirse como candidato a cualquier cargo o corporación de elección popular mientras detente tal dignidad. Y, en aplicación del artículo 39 -versión original-, tampoco podría hacerlo dentro de los 24 meses siguientes, en la respectiva circunscripción”. Y subraya: “La dimisión no le da el derecho a acceder a otro cargo de elección popular hasta tanto no transcurra el período para el cual fue electo, pues el compromiso con los electores era la permanencia y la terminación efectiva del mismo”.
