Fueron los conservadores quienes, pese a las advertencias, avalaron a Antonio Quinto Guerra Varela en Cartagena. El resultado fue desastroso, pues Quinto Guerra solo estuvo 15 días en el cargo de alcalde, dado que la Procuraduría encontró que estaba inhabilitado
Pero también fue desastroso lo que ocurrió en Magangué cuando fue elegido Anuar Arana, cuando también se comentaba en la campaña electoral de una supuesta inhabilidad que se confirmó a solo tres meses de su gobierno, la que derivó en un tiempo oscuro de ingobernabilidad, a la postre quien perdió fue Magangué. Y aunque no fue tan traumática la salida también por inhabilidad del concejal Salmen Arana de la corporación, si a claras se deduce que la familia no atiende los llamados de atención a la hora de escoger sus candidatos.
Por estos antecedentes, tanto para los conservadores como para los Arana, les será prudente revisar muy bien los comentarios de la supuesta inhabilidad de su candidato a la alcaldía de Magangué Yalil Arana Payares, y no tan a la ligera, lo digo por el vericueto jurídico y la línea delgada que existe en los temas de jurisprudencia electoral, un ambiente que pareciera más interpretativo y político que apegados a la norma misma.
Aunque ningún caso es igual, si hay que recordar lo de Quinto en Cartagena. Su error, haber firmado un contrato de servicios para apoyar jurídicamente procesos entre el departamento de Bolívar y el Ministerio Vivienda, Ciudad y Territorio; lo tomo como referencia para revisar lo que sucede en el caso de Yalil Arana y al final dar mi opinión, solo eso una opinión, no quita ni pone, pero sería muy bueno para Magangué, que la familia y los conservadores revisen mi tesis; lo hago solo porque creo que no es el tiempo para volver a la desdicha de una ingobernabilidad, siendo por supuesto Arana uno de los candidatos con más opciones para ganar la alcaldía, pero dice el refrán que al perro lo capan solo una vez, y por el bienestar de Magangué hay que decir las cosas claras.
El tema parte, que es cierto, con los documentos en la mano, que Arana actuó en representación defendiendo los intereses de Findeter en un proceso de reclamación donde el Consejo de Estado vinculó directamente al municipio de Magangué, una autorización que expresa pleno poder para decidir y conciliar a nombre de esta entidad comercial del Estado. El negocio jurídico si incluye al municipio de Magangué.
Ahora bien, otra referencia para entender que el análisis de la posible inhabilidad es mayor que el que se ha dado, es lo que acaba de ocurrir con Mockus, como representante legal de Corpovisionarios, entidad que realizó un contrato con el Estado seis meses antes de las elecciones al Congreso; el lio se basa que su papel como representante no era activamente participativo, porque había delegado una actuación, quien actuó con esa delegación habría sido el determinante en la contratación y el que habría asumido la inhabilidad. De eso se agarra Mockus para defenderse, en contravía a quien asume delegación, representación, o poder.
La norma sobre inhabilidades plantea la no intervención en gestión de negocios ante entidades públicas ni celebrar contratos en interés propio o de terceros. Es claro la intervención de Arana en el proceso a nombre de Findeter, como abogado defensor, delegado directamente por el representante legal, y con amplio poder especial para actuar en nombre de la entidad y conciliar si fuese necesario.
En varios pronunciamientos las Cortes han concluido que la actuación de un representante legal a veces no constituye causal de pérdida de investidura, porque la norma exige la real y efectiva participación en la gestión de negocios ante una autoridad, o actuaciones en beneficio propio o de algún tercero que quebrante el principio de igualdad.
Por consiguiente, si Arana actuaba con amplio poder dentro de un negocio de Findeter, entidad del Estado, y con vinculación directa en el municipio, es porque actuó a beneficio propio o de algún tercero, ahora ¿esa actuación quebró el principio de igualdad?, una tira muy delgadita en un proceso de demanda electoral, donde todo puede pasar, un tema muy importante para la gobernabilidad de Magangué para solo dejárselo al interés de ganar como sea.
Ahora bien, tema dos; la ley colombiana se refiere a servidores públicos englobando las expresiones de “empleados oficiales”, “funcionarios” y “quienes legal o reglamentariamente tengan facultades para…” aluden a cualquier servidor público que constitucional, legal o reglamentariamente tenga asignadas las funciones que caracterizan a la autoridad civil y administrativa. Por consiguiente, se infiere que la actuación de Arana se enmarca en las funciones de un servidor público.
Recordemos que los representantes legales de las entidades privadas o quienes hagan sus veces, encargadas del ejercicio de funciones administrativas, están sometidos a las prohibiciones e incompatibilidades aplicables a los servidores públicos. Esta prescripción legal ejemplifica el interés del legislador por impedir que, incluso los particulares, puedan utilizar en su beneficio el poder y la capacidad de influir que les confiere el ejercicio de funciones administrativas para obtener ventajas, es claro el tema, que no solo el representante legal sino también quien actúa decisoriamente en un negocio público les recae el peso de las inhabilidades e incompatibilidades.
Los casos de Quinto y el de hasta Mockus, marcan una ruta de lo delgado de la jurisprudencia en Colombia, pero sobre todo, en particular describen el marco de lo que hoy se comenta como una posible inhabilidad de Arana, una historia que no quisiéramos repetir.
Hasta ahí dejó las consideraciones que conozco e invitó a los interesados para que revisen bien el tema, tengan una claridad de frente a Magangué, y no un interés irresponsable. Yalil es una gran persona, y un buen tipo, pero necesita responder claro y no a la ligera, de hecho, mi opción de votar por él sería muy grande de no ser que está arrastrando una duda muy fuerte que podemos pagar todos, solo por eso me inclino más por Franco en el debate Conservador.
