Las noticias de Sincelejo, esta vez provienen de la falta de agua en el sector rural y de la apertura a investigación disciplinaria que abrió la Procuraduría al alcalde Jacobo Quessep.
Por un lado la falta de agua en las comunidades rurales de Sincelejo, producto de la sequía, llevó a la Administración Municipal a extender la calamidad pública por dos meses más.
La calamidad pública se había decretado desde el 16 de enero y por dos meses, pero ante la continuidad de la problemática se determinó la extensión de dicha medida.
La decisión fue tomada en el Comité de Gestión del Riesgo municipal, liderado por Giovanni Pizzirusso, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Sincelejo.
Los habitantes de más de 20 corregimientos de Sincelejo requieren agua, por lo que la Alcaldía de Sincelejo ha intensificado esfuerzos para contratar más carrotanques para llevarles agua.
Pizzirusso cuestionó el escaso apoyo del Gobierno Nacional para afrontar esta contingencia e indicó que “dado que nunca existió una respuesta clara de la Oficina de Gestión del Riesgo Nacional, tomamos la decisión de iniciar con una prórroga”.
Procuraduría abre caso contra el alcalde de Sincelejo
La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el alcalde de Sincelejo, Jacobo Quessep y su secretario del Interior, Teobaldo Núñez, por un contrato con aparentes sobrecostos para adquirir motos para la Policía de la capital sucreña, en el cual se habría, supuestamente, favorecido a la Fundación Colombia Nuevo Siglo.
EL HERALDO conoció el auto de apertura del expediente, de 17 páginas y fechado el pasado 16 de noviembre, en el que el procurador primero delegado para la Contratación Estatal, Camilo Orrego, abrió la pesquisa disciplinaria a partir de la queja presentada el 28 de junio de 2017 por parte de Hernando de la Ossa.
En la queja se ponen de presente presuntas irregularidades en el proceso de contratación, por posible direccionamiento del pliego de condiciones con el fin de favorecer a la Fundación Colombia Nuevo Siglo, Fundacol, y por supuesto sobrecosto en la adquisición de 51 motocicletas por las que se pagaron $385 millones, pero que en el mercado, para la época de los hechos, costarían solo $190 millones.
El contrato fue firmado entre el alcalde Quessep y el representante legal de Fundacol, Luis Tadeo Machado.
Las motocicletas iban a la Policía Nacional como apoyo para la prestación de servicios de seguridad en la capital sucreña.
¿A dedo y con sobrecostos?. “Se procederá a determinar las presuntas irregularidades presentadas en el proceso precontractual por medio del cual se llevó a cabo la subasta inversa sa-033-SI-2016”, se lee en el documento del organismo de control.
Lo que entrará a verificar la Procuraduría, concretamente, es si los requisitos habilitantes tanto financieros como técnicos y jurídicos establecidos en los pliegos, se hicieron de acuerdo a las directrices de Colombia Compra Eficiente, y se revisará si estuvieron acorde con los parámetros que permitieran la pluralidad de oferentes.
Así mismo, se determinará si el presupuesto estimado en dichos documentos y los valores ofertados por el contratista están de acuerdo con los valores del mercado para la época.
El Ministerio Público pone de presente la aparente participación del secretario Núñez en el proceso: “La evaluación de los requisitos habilitantes fue realizada por Núñez (…) con base en lo establecido en el pliego de condiciones y las exigencias legales”.
