Varios medios de comunicación local han divulgado la información sobre el presunto mal manejo que algunos rectores de instituciones educativas vienen realizando de los fondos de servicios educativos o Fose.
Según la información se dice que instituciones educativas no estarían reportando las cuentas o estarían reportando cuentas no claras, y que al parecer la información habría sido enviada en forma de denuncia a la Fiscalía General de la Nación.
Las publicaciones de Magangué Hoy y el noticiero Extra de la Tarde y su programa Tu Despertar al Aire habrían conocido un informe donde se estaría reportando contratos de suministros sin facturas, proveedores que no se dedican a la actividad económica para la cual contratan, contratos de servicios sin el lleno de los requisitos legales, y transferencias de dineros entre cuentas para pagar retención en la fuente que nunca se hicieron.
Igualmente dicen los medios, que fueron contactados algunos presuntos proveedores que fueron citados por los rectores y manifestaron que Jamás han sido proveedores de estas instituciones. Anexan a los informes varios reclamos que comunidades educativas estarían haciendo a algunos rectores por falta de información de estos recursos.
En los informes se dice que las instituciones que más cuestionadas se encuentran por no rendir sus informes, son. Liceo Joaquin F. Vélez, solo cuatro meses reportados; San José NO 2, solo dos meses; El Retiro, tres meses de informes; Madrid, solo seis meses; Juan Arias, seis meses; Cascajal, seis meses; Barranca, cinco meses; Fátima, seis meses
Mientras que las más puntuales en rendir el informe son: San José N° 1, diez meses; Comunal de Versalles, once meses; Liceo Moderno, diez meses; Isla Grande, nueve meses; Ceibal, nueve meses; Tacaba, diez meses; Barbosa, once meses; La Pascuala, nueve meses; Coyongal; ocho meses; MAO., ocho meses; San Mateo, ocho meses y Yati, siete meses.
Hay que decir que los Fondos de Servicios Educativos son cuentas contables de los establecimientos educativos, creadas como un mecanismo de gestión presupuestal y ejecución de recursos para la adecuada administración de sus ingresos y para atender sus gastos de funcionamiento e inversión distintos a los de personal.
Estos fondos se alimentan de ingresos de los diferentes niveles de Gobierno y de otras fuentes privadas, destinados exclusivamente a atender el servicio fundamental de educación y por lo tanto, son recursos públicos que deben manejarse de conformidad con las normas establecidas, buscando la eficiencia administrativa en beneficio de la comunidad. Por consiguiente, cada entidad territorial certificada a través de sus secretarías de educación en cumplimiento de sus funciones debe ejercer un papel fundamental en la orientación y control de su ejecución.
A raíz de esta información hemos conocido que la secretaria de educación ha solicitado un informe detallado del manejo de estos recursos, igualmente el interés de convocar una mesa técnica y detallar sobre los informes que las entidades educativas están obligadas a entregar.
Las Secretarias de Educación deben prestar asistencia técnica y administrativa a los establecimientos educativos estatales para el adecuado manejo de los Fondos de Servicios Educativos y de sus recursos de manera que se garantice la eficacia y transparencia en los mismos.
La comunidad educativa en general tiene una función de veeduría relacionada con los recursos públicos manejados por los establecimientos a través de los Fondos con el fin de apoyar el uso eficiente y la transparencia en su aplicación. Se establece que el rector debe garantizar el cumplimiento de la respectiva rendición de cuentas y publicidad, de la cual se destaca la obligatoriedad de publicar en lugar visible tanto la ejecución de los recursos de manera periódica (mínimo trimestralmente) como los contratos realizados con dichos recursos, el objeto y nivel de avance de los mismos
Cabe también recordar que la Corte Constitucional ha sentenciado que los rectores y directores de las instituciones educativas estatales deben velar por el no cobro de los derechos académicos y los servicios complementarios a los estudiantes de la institución, ejecutar los recursos de gratuidad de acuerdo con los parámetros establecidos en la Ley y realizar reportes trimestrales de la ejecución de dichos recursos. Por su parte los Gobernadores y alcaldes de los municipios certificados deberán realizar seguimiento al uso de los recursos según sus competencias. Además de las anteriores competencias, al Ministerio de Educación Nacional se le otorgó la obligación de implementar el Sistema de Información de Seguimiento a la Gratuidad, así como la obligación de realizar auditorías para verificar el adecuado uso de los recursos.
