La Cuarta Via

¿Tiene Magangué convenios interadministrativos que pudiesen paralizarse por la decisión de la Corte Constitucional?

En la Cuarta Vía

El Congreso de la República aprobó el artículo 124 de la Ley de Presupuesto 2022 (Ley 2159 de 2021), en la que se puso en pausa la Ley de Garantías. Así las cosas, se permitió celebrar convenios interadministrativos con entidades territoriales para ejecutar programas y proyectos con el Presupuesto General de la Nación (PGN). La Corte Constitucional tumbó está modificación.

Acorde como lo planteó la Corte dos convenios suscritos por la alcaldía de Magangué con el Instituto Nacional de Vías INVIAS fueron los señalados que podrían enmarcarse en esta situación, suman un valor de 35 mil millones de pesos, tienen como objeto la construcción de las vías de La Pascuala – Ceibal y de San Rafael de Cortina.

Léase Arranca adjudicación de construcción de las vías Cascajal – La Pascuala y Ceibal, y la de San Rafael de Cortina por más de $ 35 mil millones

Estos convenios habrían sido firmados el 12 de noviembre del 2021, un día antes de entrada la ley de garantías. Este convenio lo intentaron subir al Secop el mismo día en horas de la noche, pero el sistema se encontraba sin disposición, como consta en el registro de la plataforma.   

En ese solo día Invías firmó 208 convenios interadministrativos que le entregaron la ejecución de 2.8 billones de pesos del presupuesto general de la nación a distintas alcaldías y gobernaciones. La maratón de contratos se hizo el 12 de noviembre del 2021, un día antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales.

La decisión de la Corte implicaría los convenios suscritos después, estos que son cobijados por la decisión, serán los convenios que quedaron en proceso, tendrán que detenerse y liquidarse y, dado el efecto retroactivo de la decisión, los recursos que hayan sido girados tendrán que devolverse.

Ahora bien si se toma con referencia el día de aprobación de la debatida ley, en medio de los debates en el Senado y Cámara, fue el 19 de octubre. Es decir que alcaldes y gobernadores pudieron tener desde ese momento vía libre para adjudicar contratos que quedaron represados durante la pandemia. Sin duda el tema de las fechas decidirá si estos convenios quedan suspendidos.

Léase Para atrás convenios entre entes territoriales y gobierno firmados durante la Ley de Garantías

Los únicos contratos que no están contemplados por esta inexequibilidad son los relacionados con las necesidades básicas como la salud, la educación, el saneamiento ambiental, agua potable y vivienda. La regla aplicará en lo penal, disciplinario, fiscal y administrativo.

Con la decisión de la Corte quedaron en medio los diferentes contratos, y por ende, los contratistas y empresas que habrían sido designadas para efectuar las acciones por las que fueron contratadas. En algunos casos ya se habrían adelantado aspectos acordados en la contratación y que tendrán que detenerse y acabarse sin recompensa a recuperar los recursos.

Para el abogado constitucionalista Juan Ospina, es determinante lo que ocurra en cada caso: “Si los contratos ya terminaron no pasa nada, si están en curso y no tienen que ver con las materias que podrían seguir en ejecución tendrían que ser liquidados, eso genera dificultades y problemas administrativos”.

El abogado aseguró que en las próximas semanas se presentarán dificultades en la ejecución contractual, debido a que en cada caso habrá que determinar en qué estado de avance estaba dicho proyecto.

El abogado y director del Instituto Anticorrupción, Camilo Enciso, aseguró que son determinantes las decisiones que tomen ambas partes frente a la suspensión de la modificación, esto debido a las particularidades que tendrá cada contratación efectuada durante este último tiempo.

¿Cuántos convenios se ven afectados?

Más de 3.300 convenios interadministrativos, avaluados en más de 6,5 billones de pesos, estarían en “veremos” con el fallo de la Corte Constitucional que dejó en firme la Ley de Garantías. Se indicó que la mayoría de los convenios afectados fueron celebrados entre la Nación y los entes territoriales de Antioquia, Córdoba, Nariño, Bolívar, Valle del Cauca y Amazonas

Por este fallo es que hay más de 3.300 convenios pendientes. Esta cantidad de acuerdos se firmaron después del 13 de noviembre de 2021, justo cuando habría tenido que empezar a regir la Ley de Garantías, y hasta el 5 de mayo, cuando la Corte tumbó el artículo.

Los convenios más grandes

Así mismo, se identificó que los tres convenios interadministrativos más grandes suscritos en este tiempo, tiene relación con la fuerza pública. El primero, por más de 330.000 millones de pesos, buscaba suplir la alimentación de los soldados; el segundo, por más de 306.000 millones de pesos, era para suplir sus necesidades en salud; y el tercero, avaluado en más de 303.000 millones de pesos, tenía como propósito “aunar esfuerzos técnicos logísticos administrativos y financieros entre el Ministerio del Interior y la Policía Nacional para la ejecución de proyectos financiados por el Fondo Nacional para la Seguridad”.

Seguido a estos convenios, las otras dependencias que más entregaron recursos durante mediados de noviembre del año pasado y esta primera semana de mayo, fueron el Ministerio del Interior (MinInterior), con 624.460 millones de pesos y el Instituto Nacional de Vías (Invias, con 499.320 millones. En tercer lugar está el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, adscrito al Ministerio TIC, que usó 240.000 millones de pesos.

Quizás te interesa...

¿Quieres comentar la nota?

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

queremso conocer tu opinión

Entra y deja conocer tu opinión acerca de los temas públicos más relevantes en este 2021en Magangué, espera el especial el próximo 16 de enero