La espera y la incertidumbre sigue marcando los rostros de los extrabajadores de Servimag, una espera que tiene como fin el pago a sus derechos laborales cesantes desde el año 2007, cuando fueron despedidos por motivos de la ejecución de un programa de modernización empresarial, que al final fue la liquidación de un grueso número de empleados, hasta ese momento, la idea era ambientar las posibilidades para la entrada de un operador especializado.
Esa historia nos ha llevado a la presencia hoy día de Veolía en Magangué, pero la otra historia de los extrabajadores no ha cambiado mucho, una deuda creciente que en tiempo presente se estima en 43 mil millones de pesos, según explica Fernando Marimon abogado que lleva el proceso a los 43 trabajadores, más cuando la justicia les concedió la razón por un despido injustificado, sin embargo, el taxímetro de la condena avanza en contra del ente territorial.
Pero ahora, las noticias recibidas no son las mejores, la negación de Colpensiones a un grupo de 14 personas que ya logró la edad para acceder al beneficio pensional es lo que constituye un verdadero drama humano, para lo cual nadie responde.
El motivo de la negación es que Servimag no hizo los aportes pensionales entre el año 2007 al 2018 año en que solicitaron su pensión; para el abogado Marimon se ha violado los derechos fundamentales máxime cuando había el compromiso mínimo de Jair Portela, actual gerente de Servimag, que se pudo haber cumplido pagando estos aportes con los recursos que recibe Servimag por la supervisión del contrato con el operador privado. Y esto fue incumplido, aseveró el jurista.
¿Y los recursos de donde van a salir para pagar la deuda?
Desde el 2004 Servimag suscribió un acuerdo de reestructuración de pasivos, donde se designó a Guillermo Llinás Angulo, como el promotor de este, un personaje que no responde a ningún llamado perdiéndose totalmente del escenario, y es quizás uno de los nombres que podría darle salida a una de las propuestas que plantean los defensores de los extrabajadores “deshacer el negocio de la operación y promover la liquidación de la empesa”.
Es jurídicamente la solución más efectiva que pueden tener estas personas, es decir es de donde pueden salir los recursos, o que la Nación o el departamento lo asuman, pero la liquidación y hacer uso de los bienes afectos al servicio que tiene la empresa es lo más cercano para cubrir la deuda, explica Marimon. Pero la venta de los bienes de Servimag tampoco interesa a los que manejan el negocio porque igual reciben los ingresos sin nada que comprar.
Y es que ellos reclaman que el acuerdo de reestructuración debió haber sido declarado como fracasado y entrar a la liquidación de Servimag, para esto Marimon tiene una conclusión “lo que le sirve a los que negocian con el agua y el alcantarillado de Magangué es mantener ese cascaron jurídico para contratar la operación, no les importa que Magangué tenga que pagar más a 160 millones mensuales en salarios, prestaciones y seguridad social”.
Según Marimon la situación de Servimag es un grave problema fiscal para el municipio, y dice que “si Ana Lucia Villa, jefa de control fiscal del Ministerio de Hacienda conociera de este caso, el problema va a ser mucho mayor, por toda la desidia que se ha generado aquí”
Los 43 trabajadores despedidos de Servimag en el año 2007 tienen sentencias falladas a favor donde se determinan las obligaciones de reintegro y los pagos a los derechos periódicos. En el 2009 el juez Segundo Civil del Circuito de Magangué sentenció que los trabajadores fueron despedidos sin justa causa. Este fallo lo confirmó el Tribunal Superior de Cartagena en 2013 y desde mayo se encuentra la orden de mandamiento de pago.
Un proceso que nació cuando en el 2007 se identificaron pasivos laborales por valor de 3 mil 500 millones de pesos hoy se ha multiplicado y sigue creciendo, aunque se habla incluso de la posibilidad de un gran negocio detrás lo cierto es que no existe voluntad para acabarlo, pero tampoco un camino expedito que determine su final.
